La opinión pública ha adquirido una especie de sabiduría intuitiva que la orienta hacia la verdad ambiental, a pesar de que algunos medios y las empresas ecológicamente insensibles manipulen la realidad. Realidad que, como en el caso de isla Viveros, se evidencia por los documentos fotográficos que tanto propietarios como denunciadores manejan por igual. Los delitos ambientales son imposibles de ocultar, el daño es progresivo, y el resultado es la heredad de problemas a generaciones futuras.
ANAM asegura que su tarea es titánica y apenas realizable, porque su personal es escaso, mal pagado (lo que produce un funcionario proclive a la seducción)y con insuficiencia académica y vocacional. Esta es una verdad irrefutable, que denuncia la falta de cultura ambiental de nuestros gobernantes y políticos. Las más de las veces las penas son irrisorias frente a las afrentas al medioambiente, y no ha habido privación de libertad por delitos ecológicos. Y, una vez cometido el daño, ninguna mitigación revertirá el patrimonio que la naturaleza edificó durante miles de años.
Habrá que invertir pingües recursos en sensibilizar a los gobernantes y a los políticos sobre su rol de administradores ambientales; poner freno a la ambición de los promotores, guiados por una concepción errónea, que piensa en el hoy de sus bolsillos y no en el mañana del país; educar a las generaciones futuras sobre la importancia de cuidar la casa que se llama Planeta Tierra; y, para que haya una consecuencia, señalar a los medios de comunicación que prestan su presencia para que los infractores intenten disfrazar el tamaño de sus agravios.
La sociedad civil tiene que protagonizar importantes cambios, y entre ellos la tarea de sensibilizarnos sobre la crucial urgencia de atender el peligro de la depredación ambiental es, sin duda, el que podría catapultarla a jerarquizarse como agente social de impostergable beligerancia.
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