Presunción de inocencia

El caso del Hospital Severo Ochoa de Madrid vuelve a poner sobre la mesa, por encima del hecho concreto, un asunto de enorme gravedad: la presunción de inocencia o, mejor dicho, la presunción de culpabilidad con que los medios de comunicación tratamos muchas veces, demasiadas veces, asuntos de enorme importancia. En el caso del hospital de Leganés, hubo pacientes que entraron vivos en urgencias, aparentemente sin riesgo inmediato de morir y que fallecieron en urgencias; una denuncia muy seria sobre presuntas sedaciones irregulares; una investigación abierta por la Consejería de Sanidad con peritos expertos e independientes; datos que hablaban de excesivas muertes en esos servicios de urgencia en relación con otros hospitales; un informe del Colegio de Médicos de Madrid, que representa a todos los médicos, en el que reconocía mala praxis médica; unas actuaciones judiciales que, ahora, mediante un auto de la Audiencia Provincial de Madrid, terminan con una sentencia que señala que hay que suprimir la mención a la "mala praxis" porque no puede ser demostrado que haya habido intención de matar a los pacientes y no tendría relevancia penal. Los médicos quedan exculpados y ahora vuelven sus ojos, razonablemente, contra quien tomó la decisión de abrir la investigación y llevó el asunto a los juzgados. No es un asunto que se deba tratar demagógicamente.

Si yo fuera un paciente, o si lo fueran mis padres o mis hijos, y hubiera sospechas de que en un hospital no se actúa conforme a las normas deontológicas, querría que la Administración competente abriera una investigación y tomara todas las medidas necesarias para evitar males mayores. No me gustaría saberlo después, cuando ya no tiene solución.

Si yo fuera un administrador público y hubiera perdido la confianza en un cargo de confianza, le retiraría de ese puesto igual que le puse antes. Si yo fuera un profesional, exigiría respeto en las formas y medios para una defensa justa. Si yo fuera un ciudadano, no me gustaría que, al amparo de este caso, el objetivo sea no tanto defender el derecho de cualquiera a recibir el tratamiento médico adecuado, ni aún el irrenunciable derecho a disponer de los cuidados paliativos adecuados, sino un debate sobre el derecho de alguien a decidir sobre la muerte de otro ser humano. Si yo fuera uno de los pacientes que ingresaron vivos en las Urgencias del Severo Ochoa y salieron muertos, o alguno de sus familiares -que no han hablado todavía y a la mayoría de los cuales no se les informó o pidió permiso para efectuar las sedaciones- seguramente discreparía frontalmente de este fallo judicial.

Pero, en todo caso, como dice ahora la Organización Médica Judicial, los "juicios paralelos" -tan frecuentes en la prensa, la radio, la tele y la propia calle- causan daños irreparables. Y todos deberíamos pensar si no debemos hacer algo más para cambiar esta explotación mediática, para frenar la politización interesada, para cambiar esta peligrosa deriva.