La ex vicepresidenta valenciana y ex líder de Compromís, Mónica Oltra, ha recibido una nueva confirmación judicial a su favor.
El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha ratificado su decisión de "rechazar la apertura de juicio oral" en el procedimiento que investigaba la gestión y el presunto ocultamiento de los abusos sexuales sufridos por una menor bajo tutela pública, cometidos por quien fuera su cónyuge, que era educador social.
A través de un auto fechado el 18 de diciembre, la magistrada ha rechazado las alegaciones presentadas mediante recursos de reforma por las acusaciones populares de Vox y Gobierna-te.
Estos colectivos buscaban revertir el dictamen emitido en junio de 2025, el cual ya había descartado procesar a Oltra -quien dejó su cargo hace ya 3 años- y a los miembros de su equipo que estaban siendo investigados, decretando entonces el sobreseimiento provisional de las actuaciones.
Fundamentos de la instructora y postura de la Fiscalía
En su resolución, la jueza instructora se alinea con el criterio de la Fiscalía y defiende los argumentos legales expuestos con anterioridad. La magistrada subraya la importancia de la fase procesal actual, indicando que "la tarea preeminente del juez en el trance procesal que contemplamos es la de examinar con rigor las acusaciones para evitar que ningún ciudadano se vea acusado ante un tribunal sin fundamento bastante para ello".
Asimismo, el auto pone de relieve la falta de concreción en las tesis de quienes impulsaban la acusación. La magistrada puntualiza de forma crítica que "ninguna de las acusaciones ha precisado cuáles indicios individualizándolos para cada episodio fáctico y para cada acusado/a", lo que debilita la posibilidad de seguir adelante con el juicio oral ante la ausencia de pruebas personalizadas y sólidas contra los implicados.
El caso de los abusos sexuales de su ex pareja
Esta causa tiene su origen en el procedimiento por el que su entonces marido fue condenado por abusar sexualmente de una menor tutelada por la Generalitat entre 2016 y 2017. La ex pareja de la vicepresidenta, educador social, fue condenado a 5 años de prisión.
La menor denunció después la situación que vivió durante el proceso judicial, por lo que el juzgado de instrucción número 15 decidió abrir una nueva causa, en la que fueron imputadas 13 personas, entre altos cargos y trabajadores del centro.
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