El Gobierno central y el Ejecutivo vasco sellaron ayer viernes un acuerdo de gran calado político y económico logrando esta comunidad 5 nuevas competencias autonómicas.
Euskadi asumirá la gestión de las prestaciones por desempleo, las prestaciones familiares no contributivas y el Seguro Escolar a partir del 1 de enero de 2027.
Este paquete competencial se completa con el traspaso de Salvamento Marítimo, que será efectivo el 1 de octubre de 2026, y la cesión inmediata del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Barakaldo tras su publicación en el BOE.
Transferencia del desempleo
La transferencia del desempleo es la más relevante de las 5 acordadas. Se estima que la administración vasca gestionará un volumen anual de unos 822 millones de euros. El traspaso incluye 30 oficinas del SEPE y una plantilla de 534 trabajadores. No obstante, el Estado mantendrá la competencia normativa.
El ministro Ángel Víctor Torres defendió que este movimiento respeta el "principio de solidaridad" y el carácter unitario de la Seguridad Social, facilitando al ciudadano una "ventanilla única" para sus trámites laborales.
La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, celebró que el acuerdo amplía la "casa vasca" bajo la premisa de que "más autogobierno es más bienestar". El pacto estuvo en el aire hasta el último momento debido a tensiones entre el PNV y el PSE, resolviéndose tras conversaciones directas entre el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente Pedro Sánchez. Uno de los puntos de fricción fue la financiación, que se solventará mediante transferencias directas, el uso del cupo o fórmulas mixtas acordadas por ambas haciendas.
Diálogo institucional y el horizonte de las quince transferencias pendientes
El ministro de Política Territorial reivindicó la "concordia" y la "confianza institucional" frente a la crispación política actual. Torres enmarcó estos avances dentro de una estrategia global iniciada en 2018 que afecta también a comunidades como Cataluña, Galicia o Andalucía. Pese a que aún quedan unas quince competencias pendientes para completar el Estatuto de Gernika, el Ejecutivo central ha reafirmado su compromiso de seguir dialogando dentro del marco constitucional.
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