Hace pocos meses, muchos venezolanos protestaron cuando Hugo Chávez amenazó con cerrar cualquier escuela, pública o privada, que no se acogiera al dudoso programa educativo oficial, basado en los lineamientos del famoso socialismo del siglo XXI. Simultáneamente, dentro de la reforma constitucional que, por fortuna, los venezolanos rechazaron, Chávez planteó que la edad para votar se redujera de 18 a 16 años. Sin mayor esfuerzo, se puede deducir que el propósito de Chávez era contar con una gran base de jóvenes adoctrinados según sus arcaicos principios, cuyos votos le ayudaran a perpetuarse en su cargo.
La semana pasada, Revista Vanguardia publicó que aquí en el Ecuador, en el Programa de Educación Básica para Jóvenes y Adultos que maneja el Ministerio de Educación, se enseña a restar con el siguiente ejemplo: “Don Guido tiene 885 trabajadores en su fábrica El Explotador y decide despedir sin motivo alguno a 254 de ellos.
¿Cuántos obreros se quedarán trabajando en la empresa?”. Que en el gobierno se conciba a los empresarios como a un manojo de desalmados que sólo buscan enriquecerse a costa de los trabajadores, no es novedad.
El presidente lo ha dejado entrever en repetidas ocasiones. Por eso, su reciente encuentro con representantes del sector productivo suena tan vacío como las palabras de contrición que él mismo pronunció en su discurso por el primer año de gobierno, luego de lo cual volvió a sus habituales exabruptos. Lo que sorprende e indigna es que esa misma visión retrógrada, estrecha y odiadora se quiera transmitir a los estudiantes a través de textos oficiales. Que después no se diga que desde el gobierno no se alienta la confrontación.
Es cierto que en el Ecuador hay empresarios que tratan de soslayar los derechos de los trabajadores y sus obligaciones con el Estado. Pero eso no justifica la grosera generalización, tan frecuente en el discurso presidencial. Habría que recordarle al presidente que el sector privado es el motor de las economías modernas y que los empresarios honestos (que los hay) generan fuentes de empleo, pagan impuestos y brindan bienes y servicios de mucha mejor calidad que los del Estado que él pretende expandir.