El Grupo Parlamentario del PP en el Senado ha presentado este viernes una nueva iniciativa legislativa con el objetivo de erradicar los homenajes a presos de ETA, conocidos como 'ongi etorris' en euskera.
La Proposición de Ley busca modificar la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo para introducir un régimen de sanciones administrativas que actúe allí donde la vía penal no encuentra encaje.
Los 'populares' llevarán esta propuesta al Pleno del miércoles 8 de abril, donde se prevé su aprobación gracias a la mayoría absoluta que ostentan en la Cámara Alta.
Reforma legal
La reforma propuesta por el PP pretende añadir un nuevo Título Octavo a la normativa vigente, enfocado específicamente en la prevención y sanción de actos de exaltación del terrorismo y humillación a las víctimas en espacios públicos.
La portavoz del grupo en el Senado, Alicia García, subrayó que la actual legislación tipifica conductas de enaltecimiento, pero deja desprotegido el espacio público ante actos que, sin alcanzar el umbral del delito penal, lesionan gravemente la dignidad de quienes padecieron la violencia. Con esta medida, el PP busca ofrecer una "respuesta administrativa inmediata" ante lo que consideran una impunidad intolerable.
Clasificación de infracciones y cuantía de las multas
El nuevo marco sancionador diseñado por el equipo de Alberto Núñez Feijóo establece una jerarquía de infracciones basada en la gravedad y el impacto de los actos. Las conductas aisladas o de escasa difusión serán catalogadas como leves, con multas que oscilan entre los 200 y los 2.000 euros. Por su parte, las infracciones graves -aquellas organizadas, reiteradas o con un impacto relevante- conllevarán sanciones de entre 2.001 y 10.000 euros. Esta escala busca disuadir la organización de eventos que hasta ahora se celebraban en diversos municipios del País Vasco y Navarra sin consecuencias económicas para sus promotores.
Finalmente, la ley contempla infracciones muy graves, sancionadas con multas de entre 10.001 y 15.000 euros. Esta categoría se aplicará cuando los homenajes se realicen en lugares oficiales o masivos, incluyan una exaltación explícita de organizaciones terroristas, cuenten con la participación de cargos públicos o supongan una reiteración de faltas graves. Alicia García enfatizó que el Partido Popular no descansará hasta acabar con estas situaciones, comparando esta ofensiva legal con la lucha histórica que se mantuvo contra la "kale borroka" en décadas pasadas.
Críticas directas a Pedro Sánchez
Durante la presentación de la iniciativa, la portavoz popular fue especialmente dura con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien señaló como responsable directo de permitir estos homenajes. García acusó a Sánchez de no tener "límites morales" y de estar dispuesto a todo para permanecer en el poder. “Después de engañarnos a todos diciendo que jamás pactaría con ellos, acordó con Otegi acercar para luego liberar a los presos de ETA. Y ahora se cruza de brazos mientras los etarras son homenajeados en las calles y las víctimas sufren con dolor”, denunció la dirigente del PP.
El Partido Popular sostiene que la permanencia de Sánchez en el Gobierno de España responde a un "pacto encapuchado" con Bildu, cuyos términos exactos consideran que siguen siendo desconocidos para la ciudadanía. En este sentido, Alicia García recordó que las víctimas "no están solas" y que el Pleno de la próxima semana servirá para retratar quién está del lado de los familiares de los asesinados y quién, por el contrario, se sitúa con aquellos que exaltan a personas condenadas por delitos de terrorismo. La formación recalca que esta ley es un compromiso ético para proteger la memoria colectiva de las familias "masacradas" por la banda terrorista.
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