Quienes se opusieron a la ampliación del Canal, desde que se hizo pública la urgencia de mejorar la ruta interoceánica, alegaron entre otros argumentos que la danza de millones atraería a la rapiña mayor, y que los 5 mil 250 millones de dólares que costarían los trabajos de un tercer juego de esclusas, serían presa de múltiples ambiciones y de los juega vivo.
En verdad, en nuestro país ha habido juega vivos desde siempre, y no hay sistema capaz de frustrar sus tretas, máxime cuando tienen protección en las altas esferas del gobierno, que es, a fin de cuentas, la patente de corso para atreverse a cometer los delitos. El mal está diseminado en todo el planeta, y no hay justicia ni organismo de seguridad que haya podido contra la creatividad de los maleantes.
La justicia se pone sus propias trabas, porque quien la diseñó, en algún momento llegó al poder por el interés de otros que necesitaban o necesitarían protección. Por eso los maleantes actúan con ventaja: saben dónde tropiezan los procesos legales y cómo obtener impunidad de sus fallas.
En el caso de la ACP, donde están involucrados empleados de la institución y supuestamente gentes influyentes del gobierno, lo importante es que la mácula sea rápidamente tratada, porque la justicia podría tardar en ser efectiva más tiempo del que durarán los trabajos de la ampliación. Las preguntas son: ¿Actuaba solo Igor Tello Spadafora? ¿Habrá otros, como él, enquistados en otros puestos clave?
Las redes delictivas son una maraña bien orquestada donde se empantanan los procesos judiciales, principalmente aquellos que podrían llevar ciertos intocables huesos gubernamentales a la cárcel. En esta maraña está enredada una de las instituciones menos contaminadas y más admiradas por la sociedad civil panameña: la ACP.
No importa cuánto tiempo sea necesario para conocer la verdad de la estafa que, por casi 700 mil dólares, afecta la imagen de la Autoridad del Canal de Panamá. Lo que importa es que los panameños sepamos y creamos que, como a cualquier otra institución con sofisticados mecanismos de seguridad, esta vez le ha tocado a una que admirábamos por su historia inmaculada.
Que no nos quedemos inmersos en la duda, y que paguen los involucrados, ya sean peones o alfiles. Solo así podremos recuperar la fe en nuestras instituciones. La ACP deberá ir a fondo en esta demanda de justicia, no importa si cae un personaje de alcurnia gubernamental.
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