Recuperar la dirección del proceso económico

Gaspar Llamazares, Coordinador General de IU y cabeza de lista en las elecciones

En estos tiempos de rebajas ideológicas y propuestas electoralistas de cara a las Elecciones Generales del 9-M, desde Izquierda Unida preferimos centrarnos en los análisis económicos con seriedad ante los importantes problemas que amenazan a nuestra economía y no participar de esa subasta de ‘rebajas fiscales’ y ‘cheques finalistas’ de corto alcance. Consideramos que el actual modelo de producción y consumo ha mostrado en los últimos años una importante capacidad de producción de riqueza y una nula capacidad de redistribución de la misma. De hecho, las políticas fiscales y sociales practicadas hasta ahora –sin contar con el nuevo maná que nos prometen desde PSOE y PP para después de los comicios, en una coincidencia neoliberal que debería ser preocupante para quienes se consideran de izquierdas- han convertido este crecimiento en regresivo: se hacen más ricos los que más tienen y aumenta el diferencial de ingresos entre los salarios y las rentas de capital.

     La lógica privatizadora de las dos últimas décadas ha dejado diezmados los sistemas públicos universales. A duras penas y, básicamente, gracias al esfuerzo de los profesionales que trabajan en ellos, siguen cumpliendo sus funciones de asistencia y prestación de servicios.

     Pero estos sistemas y la intervención pública se pensaron para facilitar condiciones de igualdad para todas las personas en su desarrollo vital. Para recuperar esta capacidad hay que actuar con urgencia y hay que invertir el orden de prioridades en el ámbito económico y social. En primer lugar, desde IU entendemos que hay que recuperar la dirección política de los procesos económicos. La economía debe estar al servicio de las prioridades políticas que la sociedad establezca. Esto implica el compromiso de los poderes públicos en el seguimiento y control de los procesos económicos.

     En segundo lugar, hay que recuperar la idea de servicios sociales de carácter público, esto es, suministrados por entidades públicas y asegurados en calidad y prestaciones por una dirección política e institucional adecuada.

    En tercer lugar, hay que producir una inversión significativa y urgente en política social. Desde este punto de vista proponemos que entre los temas más urgentes a cubrir está la ejecución de un Plan de medidas para la convergencia social con Europa, que implique el incremento del gasto anual de al menos un punto del PIB durante toda la próxima legislatura en esta materia.

    En cuarto lugar, no entendemos la economía como algo abstracto, ni las leyes que deben realizar la aplicación práctica de las grandes cifras macroeconómicas como ‘papel mojado’ de difícil cumplimiento. De ahí que propongamos el reconocimiento constitucional -exigible administrativamente y por ley- de los derechos subjetivos y universales a determinados bienes y servicios públicos, entre ellos, por ejemplo, el de la Vivienda.

    Es por todo esto por lo que no vamos a entrar en esa competencia por ver quién hace la propuesta más increíble y paradójica. No está en la manera de entender la política de las personas que queremos representar. Que sigan los demás con la cuadratura del círculo de querer incrementar el gasto social al tiempo que se recortan los ingresos. Está en nuestra crianza democrática decir cosas claras y sencillas que buscan recuperar la normalidad en el uso de las palabras y en su sentido. Así, decimos que no es de izquierdas bajar los impuestos. Tampoco lo es subirlos indiscriminadamente. En cambio, sí lo es luchar por una justicia fiscal que permita a los poderes públicos promover políticas sociales de alcance universal.

    Tampoco es de izquierdas limitar derechos o proclamar reconocimientos sobre el papel sin posibilidad de que se cumplan. Pero sí es de izquierdas impulsar derechos y asegurar, a través de los poderes públicos y de los Presupuestos, su cumplimiento. No una promesa hueca de vivir mejor, sino la garantía de vivir bien, con buena vivienda, con educación pública de calidad, con una sanidad a la altura.
   
    Decimos que no es de izquierdas desregular el mercado laboral o privatizar los servicios públicos. Pero sí lo es garantizar mercados de trabajo estables, previsibles y con derechos que hagan cierto lo de trabajar para vivir y no vivir para trabajar.