El también ex canciller argentino calificó como "realmente compleja" a la confrontación entre el proyecto gubernamental de cambio de Constitución y los procesos de autonomía puestos en marcha por autoridades opositoras de cuatro de los nueve departamentos bolivianos.
Sin entrar en consideraciones sobre la legalidad o ilegalidad del referendo de Santa Cruz, Caputo dijo que no estaban dadas las condiciones para el envío de una misión internacional de observadores a ese acto, que fue desautorizado tanto por el Gobierno como por el Congreso y la Corte Electoral bolivianos.
"La comisión de observadores de la OEA, en materia electoral, es solicitada únicamente por las cancillerías de los países, es el único procedimiento para que se envía una misión de observadores", dijo según fue citado por cadenas radiales.
"No podemos ir a una provincia, a un Estado o a un departamento a observar una elección porque nos lo piden las autoridades locales, eso va en contra de las normas internas de la OEA vamos si la Cancillería lo solicita y en el caso de Bolivia eso no ocurrió", agregó Caputo.
La visita del enviado de la OEA a Santa Cruz coincidió con una marcha de empresarios del agro y camioneros que protestaban contra un decreto que prohibió temporalmente las exportaciones de aceite comestible, con objeto de normalizar la provisión al mercado interno.
En esa marcha, el líder cívico cruceño Branco Marinkovic dijo que el referendo era "imparable" y el prefecto regional Rubén Costas calificó como "estúpido" al Gobierno de Morales por pretender que se apruebe una nueva Constitución antes de poner en vigencia las autonomías.
La actual carta magna boliviana no contempla autonomías, las cuales sí están incluidas en el nuevo texto constitucional, que prevé ese régimen tanto para los departamentos como para los municipios y las comunidades indígenas.
Caputo dijo que era necesario "un gran esfuerzo" para evitar que la confrontacion política degenere en violencia y llamó a "pensar en Bolivia, en la unidad nacional, en la integridad territorial, en la salvaguarda de la democracia".
El Gobierno de Morales, que espera una gestión mediadora de la Iglesia, denunció varias veces que el movimiento autonomista cruceño tendría fines separatistas.
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