Losantos espera la multa por los insultos a Gallardón
miércoles 04 de junio de 2008, 19:47h
Actualizado: 05 de junio de 2008, 13:50h
El periodista de la cadena Cope Federico Jiménez Losantos aprovechó esta miércoles su último turno de palabra en el juicio por un presunto delito de 'injurias graves' contra el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, para arremeter contra el regidor madrileño por "haber manipulado", a través de su querella, a "la Administración de Justicia como mecanismo de exhibicionismo de su poder político".
Su finalidad, según Losantos, era demostrar "a todo el mundo que aquí, el único dueño de la derecha es él". "Por desgracia está a punto de conseguirlo y esto le ha ayudado", aseveró. Al concluir la vista, aseguró a los periodistas que salía con "la conciencia tranquila", algo de lo que "no podría decir lo mismo Gallardón", afirmando que su presencia en el juicio se traduce en que "un poder político pueda amedrentar, callar y sentar en el banquillo a la prensa que le critica".
La vista oral contra el locutor quedó vista para sentencia después de que en su alegato final hiciese una férrea defensa de las expresiones lanzadas en su tertulia ("traidor", "lacayo de la oposición" o "farsante redomado"), al recalcar que era "necesario" informar a sus oyentes sobre las pretensiones del alcalde.
En el trámite de conclusiones, el fiscal elevó a definitiva su acusación y solicitó a la titular del Juzgado de lo Penal número 6, Inmaculada Iglesias, que condene al encausado al pago de una multa de 72.000 euros al considerar que el derecho al honor de Gallardón prevalece sobre la libertad de expresión alegada por el procesado. Además, insistió en que la Constitución no reconoce ningún "derecho a insultar".
Estimó que los comentarios de Losantos excedieron "el límite de la crítica" para "ofender" su honor. "Tanto por la innecesariedad de las expresiones como por su reiteración se ha cometido un 'animus injuriandi' y, por tanto, un delito de injurias", adujo.
El primer día de juicio, el pasado 28 de mayo, el periodista sustentó su defensa en intentar demostrar que el regidor se desmarcó de la línea oficial seguida por el Partido Popular en la investigación del 11-M, lo que motivó que en sus intervenciones dentro del programa que dirige buscara "justicia para las víctimas del 11-M".
Primacía del derecho al honor
En su informe, el miembro del Ministerio Público alegó que Losantos cruzó la línea de la crítica política por su "intencionalidad" de ir "más allá" del ánimo informativo para "ofender" el honor del regidor. Frente a ello, la defensa intentó demostrar sin éxito que los fragmentos de las intervenciones del periodista evidenciaban que los comentarios se enmarcaban en el ámbito de la opinión. La jueza aceptó la audición de las cintas, prueba que se prolongó durante casi cuatro horas.
El fiscal subrayó que su conclusión "no supone un ataque" a la libertad de expresión y al derecho a la información. "Estos derechos tienen sus límites, siendo el Poder judicial el responsable de establecerlos", reseñó, precisando que la Constitución no reconoce ningún "derecho a insultar".
"Sería injusto tanto que los opinadores pudieran decir todo lo que quieran o que el delito de injurias no se pueda atribuir a un periodista como estimar que una persona que se dedica a la función pública debe tener su honor alterado por esa condición", subrayó.
En la misma línea se situó el abogado Luis Rodríguez Ramos, que defiende al alcalde. Según el letrado, el honor de su cliente fue "reiteradamente lesionado" mediante "falsedades" que se pusieron en su boca. Por ello, reclamó que el acusado pague una multa de 146.000 euros y que se decomisen para el Estado las ganancias que supusieron para su programa de 'La Mañana' el aumento de la audiencia por los comentarios vertidos.
"Portavoz del PP"
Censuró que la letrada del periodista, Cristina Peña, haya tachado a su cliente de "portavoz de la línea oficial del PP" contra "el díscolo o verso suelto que estaba al margen". También arremetió contra su línea de defensa, basada en "la técnica de repetir mentiras" para hacer creer algo que no corresponde a la verdad.
"Nunca he dicho que no se investigara el 11-M", espetó el letrado, insistiendo en que la información tiene que ser "veraz" para que el derecho a la información la ampare. Señaló que "tiene que haber un sustrato de información veraz y proporcionado para entrar en el ámbito justificable de la libertad de expresión".
En su extenso informe, la abogada de Losantos remarcó que "sacar de contexto una serie de frases sin integrarlas en cada alocución no es procedente" e insistió en que "Losantos no actuaba con desprecio a la verdad". "Mi defendido hablaba con convencimiento de la veracidad de lo que había manifestado Gallardón", añadió.
Según Peña, su cliente partió de "una veracidad informativa" a raíz de las afirmaciones de Gallardón en el Foro de ABC, las cuales fueron "comentadas" en la tertulia de "La Mañana" por varios participantes. "Los titulares de los periódicos eran acordes con lo que dijo Gallardón", añadió.