Según ha sabido Diariocrítico de fuentes de absoluta solvencia, al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no le ha temblado el pulso: la Dirección General de la Guardia Civil, a través de sus correspondientes servicios, ha abierto ‘expediente gubernativo’ a los guardias civiles que, vestidos de uniforme, se manifestaron el pasado sábado en Madrid en protesta por el incumplimiento del programa electoral socialista.
Como ya informó Diariocrítico en primicia, el pasado domingo los generales se reunieron en la sede de la Dirección General para evaluar la situación y pidieron a los ministros de Interior y Defensa la ‘máxima contundencia’ contra los guardias-manifestantes. Un día después, el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, declaraba que no le constaba ‘ninguna ilegalidad’ en el acto del sábado. Pero debió recibir tal cantidad de presiones por parte del generalato y de su ‘colega’ Pérez Rubalcaba, que tan sólo un día después se desdecía y señalaba que había sido ‘malinterpretado’.
En un primer momento, los generales de la Guardia Civil, espoleados por el director adjunto operativo, general de División José Manuel García Varela, ordenaron a sus servicios de Información que identificaran a ‘todos’ los asistentes al acto que hubieran acudido vestidos de uniforme. Ardua tarea, sin duda, por lo que se han centrado en lo ‘más fácil’: identificar a los que subieron a la tribuna, el principal, el secretario general de AUGC, Joan Miquel Perpinyà, convocante del acto, quien estaba arropado por los delegados de AUGC en distintas provincias. Todos iban de uniforme.
Los generales han quedado contentos, pero los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles preparan una respuesta contundente a Joan Mesquida y a Pérez Rubalcaba. No se descarta, incluso, que el Cuerpo Nacional de Policía convoque una manifestación de policías en uniforme.
La palabra dada y no cumplida
Lo que el Partido Socialista prometió a los guardias civiles –y aún no ha cumplido- está contenido en su programa electoral en el epígrafe “La democracia de los ciudadanos y ciudadanas. La España plural. La España constitucional”, y en el apartado “El Modelo Policial: Creación de un sistema público de seguridad ciudadana”. Una primera promesa –flagrantemente incumplida- fue la de llamar al Ministerio del Interior, Ministerio de la Seguridad, “como expresión del objetivo central de todo Gobierno: el servicio a los ciudadanos”. A partir de ahí, el olvido más contumaz para con los guardias civiles.
Promesas (e incumplimientos):
1. “La Guardia Civil se especializará en las funciones de control de fronteras exteriores; misiones internacionales de paz y lucha contra el terrorismo; control de armas y explosivos; policía del mar; resguardo fiscal del Estado; naturaleza y medio ambiente”. No están plenamente definidas estas funciones.
2. “La Ley Disciplinaria de la Guardia Civil suprimirá la sanción de arresto para las infracciones de los guardias civiles relacionadas con la seguridad ciudadana; en ese mismo ámbito, atribuirá en exclusiva al Ministerio del Interior y mandos de la Guardia Civil las competencias sancionadoras y evitará la concurrencia con el Código Penal Militar”. Tres años después, aún está en fase de Anteproyecto y mucho más tenue que lo prometido.
3. “Se regulará el derecho de asociación profesional de los miembros de la Guardia Civil de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 y 104.2 de la Constitución, para la representación y promoción de las condiciones profesionales de sus miembros”. Promesa flagrantemente incumplida, se encuentra aún en fase de borrador.
4. “Reforzamiento y modernización de los recursos humanos y medios materiales de los cuerpos de policía del Estado”. No se ha efectuado ninguna mejora sustancial, según las asociaciones del Cuerpo, salvo incrementar algo la plantilla.
5. “Se sustituirán 2.500 Guardias Civiles actualmente dedicados a tareas burocráticas y de oficios por otros tantos empleados civiles, dedicando a aquéllos a actividades propias de la Guardia Civil”. Incumplido plenamente, según las asociaciones. Como también se habría incumplido la siguiente promesa: “Se dará nuevo destino a 1.000 efectivos de la Guardia Civil existentes en Madrid, que pasarán a tareas operativas en costas, fronteras y medio rural”.
6. Y el incumplimiento más flagrante de todos: “Se homologarán las retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al objeto de establecer gradualmente una equiparación de condiciones económicas en la prestación de los servicios de seguridad”. Poco o nada se ha avanzado respecto a la homologación contra policías autonómicas, e incluso algunos municipales.
La situación de descontento es tal que hasta la Unión de Oficiales, asociación elitista en el Cuerpo, se ha declarado a favor de las premisas por las que fue convocada la manifestación del pasado sábado y pide democratización en el Cuerpo.
Por otra parte, los sindicatos policiales, especialmente el Sindicato Unificado de Policía (SUP) que dirige José Manuel Sánchez Fornet, ya ha señalado que si hay expedientes se solidarizará con los guardias y no descarta movilizaciones unitarias policías-guardias civiles. A Rubalcaba y Mesquida se les presenta una primavera policial 'calentita' y coincidiendo, además, con época electoral y con el auge de la kale borroka en Euskadi y el más que previsible auge de la violencia terrorista de ETA.
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