El Poder Ejecutivo demandó hoy al Congreso Nacional la instauración de un juicio de responsabilidades contra los prefectos de la denominada "media luna" que rechazaron el referendo revocatorio, desacataron la ley y conformaron una instancia de gobierno regional contraria a la Constitución Política del Estado.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, señaló, en rueda de prensa en Palacio Quemado, que con esa actitud los prefectos opositores admitieron el fracaso de las millonarias e inconstitucionales consultas que sobre sus estatutos autonómicos llevaron adelante.
Quintana acusó a esas autoridades regionales y a los miembros del denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde) de haber orquestado un siniestro plan golpista en contra de la democracia y la unidad del país.
Los miembros del Conalde expusieron hoy mismo en Tarija su desacato a la ley que convoca al referendo revocatorio de mandato popular y argumentaron esa medida en las disposiciones contenidas en los estatutos autonómicos que aprobaron en consultas marcadas por niveles históricos de abstención y no reconocidas por la ley.
Como otro paso más en este sentido, el Conalde conformó una Secretaria pro Témpore y cuatro comisiones técnicas para trabajar en aplicación de sus estatutos, especialmente en educación, salud, infraestructura vial y energía, y conformó un fondo solidario autonómico departamental para promover financiamiento de proyectos.
En se sentido, Quintana indicó que Rubén Costas (Santa Cruz), Ernesto Suárez (Beni), Leopoldo Fernández (Pando) y Mario Cossío (Tarija), todos vinculados a partidos políticos de extrema derecha, "han dejado caer la máscara que durante meses la tenían puesta ante el país. Hoy los vemos con su verdadero rostro: antidemocrático y antipatriótico".
Lamentó que ante el escaso respaldo popular en las consultas (donde la abstención fue la principal opción de la campaña contraria a la aprobación de los estatutos de los cuatro departamentos y el voto por el sí sumaron más del 50 por ciento), los prefectos inviten "a que el país se divida, se fracture y se desplome".
No obstante la radical oposición de sectores empresariales, ganaderos, terratenientes y políticos conservadores que exacerbaron el sentimiento regionalista de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, Quintana convocó a sus impulsores a enderezar su actitud, enmendar su conducta y retornar al camino de la legalidad.
"No pueden seguir violando la Constitución invitando a la fractura de la unidad nacional. Las derrotas políticas no pueden ser una condición para desintegrar y darle un golpe artero a la Patria", exhortó el Ministro de la Presidencia.
JUICIO DE RESPONSABILIDADES
Por ello demandó al Congreso Nacional, ante el desconocimiento de la institucionalidad democrática del país, a iniciar un juicio de responsabilidades a los cuatros prefectos opositores y a los impulsores de un proceso sedicioso contra la Patria.
Dijo que rechazar el referendo revocatorio es un frontal desconocimiento de la ley y la Carta Magna, y convocó "instalar, en el menor tiempo posible, un juicio de responsabilidades a estos prefectos que sólo por consumar sus aspiraciones mezquinas de corto paso pretenden llevar al país a la desintegración y al enfrentamiento".
Sin embargo, convocó a los prefectos opositores a someterse a la ley, retornar a la obediencia constitucional y aceptar el veredicto popular en las urnas el próximo 10 de agosto.
"Que dejen de invocar sobre la desintegración nacional y se sometan al tribunal del pueblo. Será el pueblo el que decida en las urnas si el Presidente, Vicepresidente y prefectos se van o se quedan. No debieran temerle a este máximo tribunal que es el que en última instancia define el destino de la Patria" apuntó Quintana.
GOLPISTAS
En ese contexto, esa autoridad gubernamental señaló que Costas, Suárez, Fernández y Cossío no deberían temerle al pueblo y "enfrentarse de la manera más valiente y con la mayor hidalguía a esta consulta popular el 10 de agosto".
Quintana recordó a los políticos opositores que la resistencia, el desacato y la trasgresión al orden constitucional, "no es nada más que un golpe a la Constitución, a la democracia, y al Parlamento".
"Por tanto, debería ser el Congreso y todas las autoridades responsables enfrentar esta aventura golpista de prefectos que no entienden que la democracia discurre por el camino de la obediencia a la ley", sentenció.
En se sentido, lamentó que el ala golpista del denominado Conalde se haya impuesto en la reunión de Tarija.
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