En una intervención durante los Desayunos Informativos de Europa Press,
Fernández Bermejo lamentó que el legislador "
no previera la situación" del etarra
Juan Ignacio De Juana Chaos, que cuando el próximo 2 de agosto salga de la cárcel convivirá con varias víctimas de ETA en el barrio de San Sebastián donde pretende residir. "
El legislador le echó imaginación pero no la suficiente", apuntó.
En todo caso, destacó que en la actualidad la prohibición de acercarse a las víctimas se aplica "
no sólo a los pederastas sino a los condenados por delitos gravísimos" como los cometidos "
contra la libertad", entre los que incluyó el de amenazas por el que De Juana cumple condena. Aun así, Bermejo precisó que esta prohibición sólo afecta a "
las víctimas del delito que cada uno ha cometido".
Todo lo que se haga será "poco"
En este sentido, el ministro dejó claro que cualquier reforma que pretenda llevarse a cabo en esta materia deberá realizarse dentro de "
un marco constitucional muy claro" porque afectará a "
una persona que está libre". "
Cuando se cumple una condena hay que salir a la calle y confiar en que el sistema ha funcionado", apuntó.
De igual modo, se mostró convencido de que la Audiencia Nacional "
va a estar muy atenta" al desarrollo de los acontecimientos relacionados con la reinserción de De Juana y pidió que "
se deje a los fiscales hacer su trabajo".
No obstante, se comprometió a realizar "
un esfuerzo" para "
hacer algo más por las víctimas", al considerar "
tremenda" la situación que tendrán que vivir las que compartan vecindario con el asesino etarra. "
Todo lo que hagamos será poco", señaló Bermejo antes de apuntar que "esa proximidad no augura nada bueno".
Calles de etarras
En relación con los municipios que mantienen nombres de calles dedicados a etarras, el titular de Justicia señaló que la Audiencia Nacional
"ha hecho muy bien" al determinar que no retirar las placas puestas antes del año 2000 no puede ser perseguido por el Código Penal, ya que, según argumentó, estos símbolos se pusieron "
en un tiempo en que no era delito".
De igual modo, indicó que para este tipo de casos "
existe" la jurisdicción contencioso-administrativa y destacó la necesidad de "
ir al orden correspondiente". Esta vía, según se encargó de recordar, faculta al Estado para "
instar a los ayuntamientos correspondientes a que retiren las placas y, si no lo hacen, entablar demandas contencioso-administrativas".
Impuesto revolucionario
Con respecto a la instrucción que desarrolla el juez de la Audiencia Nacional para determinar si empresarios del País Vasco y Navarra pagaron a ETA el denominado 'impuesto revolucionario', Bermejo indicó que saber si el pago constituye "
un delito de colaboración con organización terrorista o si se realizó forzado por el miedo sólo se puede saber después de que se investigue".
Si (
No(
