Catedráticos contra jueces. Esta podría ser una de las conclusiones del lío organizado en el Tribunal Constitucional a raíz de la recusación aceptada del magistrado Pérez Tremps. Y es que en los periódicos y en las radios y en las televisiones aparecen estos días las opiniones de un sinfín de prestigiosos catedráticos protestando porque a Pérez Tremps se le haya recusado por haber elaborado un informe para la Generalitat. Y es que los ilustres catedráticos explican que es normal que a ellos les encargen dictámenes desde instituciones públicas y privadas y que sería un despropósito que eso se convierta en un inconveniente para ir al Constitucional, por tanto. En definitiva, están defendiendo sus intereses corporativos, ni más ni menos.
Y es que un catedrático de Derecho puede elaborar cuantos informes le encargen ¡faltaría más! pero si la suerte y la política le convierten en magistrado del Tribunal Constitvuional lo menos que se les pide es que se abstengan de intervenir sobre asuntos de los que han elaborado informe y cobrado por ello.
Es absolutamente normal que los jueces en su quehacer diario se abstengan de intervenir en determinados juicios, porque entienden que por cualquier razón se puede dudar de su imparcialidad. Y eso sucede todos los días sin que suceda nada. Es practica común en la judicatura.
Me parece a mí que es de sentido común, amen de ético, pedir que alguien se abstenga de intervenir en un asunto del que en su momento ha entendido profesionalmente y cobrado por él, pero que eso no le invalida para que entienda y dictamine sobre otros muchos asuntos. De manera que si el magistrado Pérez Tremps se marcha del Constitucional, se entenderá que lo hace para que le sustituya alguien que pueda defender tesis favorables al actual Estatuto catalán, y todo parecerá trampa y cartón.
Y luego están las declaraciones de algunos políticos catalanes, como el mismísimo Carod o Joan Saura, e incluso el president Montilla, advirtiendo que no es de recibo que el Constitucional pueda cuestionar el Estatuto aprobado. O nos creemos que el Tribunal Constitucional sirve para algo o sencillamente es mejor que lo cierren. Si resulta que el Tribunal Constitucional sólo puede avalar el Estatuto de Autonomía porque de lo contrario se organiza otro lío político, entonces es que todo es una farsa, una tomadura de pelo a los ciudadanos.
El Tribunal Constitucional tiene que estudiar y analizar el texto del Estatuto con la Constitución en la mano, y velar porque ese texto se adapte a la Constitución y en lo que no se adapte decirlo y exigir su enmienda. Y todos, todos, debemos de aceptar las resoluciones del Constitucional, pero es evidente que lo que no se nos puede decir a los ciudadanos es que o el Cosntitucional avala el actual texto del Estatuto o se arma la marimorena, porque es tanto como decir que el Tribunal Constitucional no sirve para nada, y que su actuación respecto al Estatuto iba a ser un montaje.
El problema que hay planteado es evidente: se hizo un Estatuto sin que la opinión pública catalana lo demandara, ahí está el resultado del referéndum, y además el texto resultante provocó auténtica alarma en el resto de España. Uno de los errores del presidente Zapatero es creer que puede hacer lo que le viene en gana sin tener en cuenta a la mayoría de los ciudadanos, y abrir en canal las reformas estatutarias hasta ahora lo único que ha provocado han sido problemas, porque casi ha hecho saltar el consenso constitucional.
Ahora, el presidente, pero también todos los ciudadanos, nos encontramos con esta crisis en el Tribunal Constitucional, y del cómo se resuelva dependerá el prestigio del propio Tribunal. Mientras tanto los catedráticos defienden corporativamente a Pérez Tremps.
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