lunes 22 de septiembre de 2008, 17:44h
Actualizado: 24 de septiembre de 2008, 07:27h
Que la Justicia esté politizada, debido a que sus máximos dirigentes son
elegidos por los partidos políticos, es cierto. Y no es menos cierto que si se
dejara el nombramiento a los propios jueces estaría sujeta a un proceso
endogámico con peligro de esclerotización.
Si el poder emana del pueblo, y nombramos a los diputados para que nos
representen, en principio no habría de existir demasiado remilgo para que
nuestros representantes eligieran a los jerarcas de la Justicia. Sin embargo,
la independencia entre los poderes ejecutivo y legislativo queda lesionada,
porque el ejecutivo suele tener mayoría en el Parlamento.
No obstante, lo que resulta extraño, y aun chocante, es que personas que por
razón de esa elección ya han alcanzado los máximos grados profesionales, más
allá de los cuales sólo están los celestiales para los creyentes -y para
alcanzarlos hay que morirse previamente- ante determinadas decisiones respondan con criterios similares a los que sostienen los partidos o facciones políticas que propiciaron su nombramiento. Me asombra ese detalle. Me asombra una coincidencia tan pertinaz, cuando se supone que estamos ante personas con criterio y experiencia, sabiduría y amplios conocimientos en jurisprudencia.
¿De verdad que la interpretación de la legalidad tiene visiones sin fisuras,
dependiendo de la ideología? ¿Ni una fisura? ¿Ni siquiera una vacilación?
A mí me parece que lo lógico, lo humano, y aun lo higiénico, sería que, una vez
nombrados, el cordón umbilical con la etiología de elección se quebrara y
dejara de influir. Pero parece que no es así.
Le deseamos mucha suerte a don Carlos Dívar, un baltanasiego curtido en muchas lides, y lo de curtido no es un juego de palabras por la honesta actividad de sus antecesores familiares, porque, ahora, todavía deberá curtirse más en el pastoreo y organización de la institución que acoge a la aristocracia de las togas.