La Asociación de Abogados del Estado ha certificado que no se requiere "titulación concreta" para la suscripción de pliegos de condiciones previos a la adjudicación de contratos de servicios.
Esta documentación fue firmada por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
La entidad respondió así al juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que investiga supuestas irregularidades en la gestión de dicha cátedra.
El juez había solicitado, a finales de noviembre, un informe detallado sobre las cualificaciones académicas exigibles para elaborar "cualquier pliego de condiciones" en la adjudicación de contratos de servicios.
Postura de los Abogados del Estado y ley aplicable
En un escrito fechado el 2 de diciembre y al que ha accedido RTVE, la Asociación de Abogados del Estado explicó que su actuación como perito en este procedimiento comprometería la neutralidad de la institución. Esto se debe a que la cuestión técnica planteada afecta al ámbito profesional, jurídico y estatutario de los Abogados del Estado y coincide con un proceso penal en el que un abogado del Estado ya figura personado en la causa.
A pesar de las reservas éticas, la entidad ha trasladado al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid la información aplicable a los pliegos de condiciones. El documento concluye que "no se prevé una reserva de la función de redactar tales documentos a un cuerpo de funcionarios concreto y determinado, ni se exige una titulación concreta para su redacción".
El escrito, firmado por Lucía Pedreño Navarro en nombre y representación de la entidad, especifica que "ni tan siquiera se prevé que el órgano de contratación deba redactar él mismo tales documentos pudiendo recabar la colaboración de empresas privadas en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o su asesoramiento durante la preparación del procedimiento de contratación". Esta indicación se fundamenta en los términos previstos en el artículo 70 de la Ley 9/2017.
Inicio de la investigación
El caso Begoña Gómez se inició el 24 de abril de 2024, después de que la organización ultraderechista Manos Limpias presentara una denuncia contra la esposa de Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción privada.
La Fiscalía solicitó el archivo de la denuncia, pero la investigación siguió adelante por la iniciativa del juez Peinado. Días después, la organización Hazte Oír, los partidos políticos Vox e Iustitia Europa, y el Movimiento de Regeneración Política de España se personaron en el caso como acusación particular.
Se alega que el empresario y experto tecnológico Juan Carlos Barrabés asistió a Begoña Gómez en la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la UCM.
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