El Gobierno y la Iglesia Católica han formalizado un acuerdo histórico sobre el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales.
El acto de firma será hoy lunes en la sede del Defensor del Pueblo. En la rúbrica participarán el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el ministro de Justicia, Félix Bolaños; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús Díaz Sariego.
Este protocolo está diseñado específicamente para reconocer y reparar a las víctimas cuyos casos han prescrito o no pueden seguir la vía judicial ordinaria, situación en la que se encuentran la gran mayoría de los afectados.
Aunque la firma inicial estaba prevista para el 19 de marzo, los flecos técnicos obligaron a posponer el encuentro todos estos días.
El acuerdo definitivo establece que será la Iglesia quien asuma íntegramente el coste de las indemnizaciones derivadas de este nuevo cauce de mediación.
Reparación Iglesia-Estado
La arquitectura del acuerdo se basa en un modelo de colaboración entre las instituciones públicas y eclesiásticas. En 2024, la Iglesia ya había activado el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (PRIVA) para atender casos sin recorrido legal por fallecimiento del victimario o prescripción del delito. Sin embargo, ante la reticencia de muchas víctimas a acudir a una comisión controlada exclusivamente por la Iglesia, se ha optado por este sistema mixto que garantiza una mayor neutralidad en el proceso de evaluación.
Desde la Conferencia Episcopal se ha subrayado que este procedimiento es complementario al plan PRIVA y no una alternativa. Una de las claves del protocolo es evitar la duplicidad de reclamaciones: aquellas víctimas que ya hayan aceptado un dictamen y una reparación a través del PRIVA no podrán acudir en segunda instancia al Defensor del Pueblo.
El proceso de reparación se estructurará en varias fases perfectamente definidas para garantizar el acompañamiento a la víctima. En 1er lugar, el solicitante deberá iniciar el trámite ante una unidad específica del Ministerio de Justicia. Una vez registrado, el expediente se trasladará a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, institución que se encargará de elaborar una propuesta de resolución. Esta propuesta podrá contemplar reparaciones de carácter simbólico, restaurativo, espiritual o económico, dependiendo de las necesidades expresadas por la víctima.
Tras la elaboración de dicha propuesta por parte del Defensor del Pueblo, el documento será evaluado por la comisión asesora del plan PRIVA. Si existe conformidad entre la Iglesia y el solicitante, el acuerdo será definitivo y se procederá al pago de la indemnización. Este sistema busca agilizar los plazos y ofrecer una respuesta directa a personas que, en algunos casos, llevan décadas esperando un reconocimiento oficial del daño sufrido en el ámbito de las instituciones católicas.
Resolución de conflictos
Para los casos en los que no exista un consenso inicial entre el plan PRIVA y la víctima, el protocolo contempla la creación de una Comisión Mixta. Este órgano contará con la participación activa de las asociaciones de víctimas, cuya presencia se considera fundamental para dotar de transparencia y legitimidad a las deliberaciones. El objetivo de esta comisión será alcanzar un acuerdo unánime que satisfaga las expectativas de reparación y las capacidades de cumplimiento de la institución eclesiástica.
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