El Gobierno central y el Govern de la Generalitat han sentado este lunes las bases del nuevo modelo de financiación singular para Cataluña, un sistema pactado hace prácticamente un año por el PSC y ERC a cambio del 'sí' a la investidura de Salvador Illa, pero cuyos plazos y cifras aún están por concretar.
El mismo contempla que la administración catalana recaude todos los impuestos y transfiera una parte al Estado, un esquema que desde el Ejecutivo central quieren que se generalice al resto de comunidades.
Ambas administraciones han celebrado este lunes en el Palau de la Generalitat la segunda Comisión Bilateral desde la llegada de Illa al Ejecutivo catalán.
El encuentro ha estado marcado por la ausencia de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que en las últimas semanas ha recibido las críticas de ERC por ser "un freno" en las negociaciones debido a su condición también de candidata del PSOE en Andalucía.
Entre otras medidas, el pacto contempla que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) recaude todos los impuestos de la comunidad, aunque no se ha definido cuándo, y transfiera una parte de esos recursos a la caja común en compensación por los servicios que presta el Estado, sin saber qué cantidad alcanzará.
A su vez, Cataluña recibirá recursos de la Administración central para financiar competencias específicas que no tienen otras comunidades, como prisiones.
El nuevo modelo de financiación cumplirá el conocido como principio de ordinalidad, esto es, que Cataluña no pierda posiciones al recibir recursos una vez hecha su aportación con el resto de España.
También el de multilateralidad, permitiendo que participe en las reuniones con el resto de comunidades autónomas; y respetará la normativa europea y la Constitución, ha destacado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
El grueso de la reforma pasa por la recaudación del IRPF, para lo que se constituirá un grupo de trabajo entre las 2 administraciones.
Precisamente el papel que tiene que tener esa Hacienda catalana, que deberá reforzarse en medios técnicos y humanos para asumir ese reto, ha sido uno de los principales puntos de fricción entre ambas partes.
La medida ha desatado las críticas de PP, Vox y de los socialistas Emiliano García-Page y Adrián Barbón, como principales detractores.
Según fuentes del Gobierno, sin embargo, el objetivo es "profundizar en el Estado autonómico", a la vez que "se incrementa la capacidad y la responsabilidad en la gestión de los impuestos de las comunidades autónomas".
Pero, ¿qué es la financiación singular?
Es una medida inspirada en el llamado "cupo vasco" que tiene como objetivo que la Generalitat recaude el 100% los impuestos que se pagan en Cataluña -en vez del actual 9%- y que, después, se transfiera al Estado una parte a determinar por los servicios que presta en la comunidad, más otra partida para "contribuir a la equidad entre territorios".
La financiación singular fue una de las propuestas estrella de ERC para las últimas elecciones catalanas. El PSC planteaba entonces constituir un consorcio tributario, ya previsto en el Estatut, pero acabó asumiendo la propuesta de los republicanos.
La idea del Gobierno es extenderlo al resto de autonomías, en línea con lo que se planteó con la condonación parcial de la deuda de las comunidades con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
"Tenemos un sistema de financiación caducado desde 2014. Se ha pretendido la presente legislatura actualizar y el Gobierno va a seguir haciéndolo en los órganos pertinentes para tener un sistema de financiación que debió tenerse desde el año 2014", ha recalcado Torres.
La "compleja" mayoría del Congreso
El paso indispensable para lograr la financiación singular es obtener el aval del Congreso de los Diputados, puesto que la medida contempla modificar 3 normas: la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la que regula la financiación de las autonomías de régimen común y la Ley de cesión de tributos, tal como se recoge en el acuerdo de investidura de Illa.
Para ello, deberá reunir el visto bueno de los socios de la investidura. Entre ellos, de ERC, cuyo presidente advirtió este sábado de que si los socialistas no cumplen con la financiación singular, su partido no respaldará los presupuestos ni otras medidas tanto del Gobierno como de la Generalitat.
"Seguro que el Partido Socialista es consciente de las consecuencias de las decisiones que toma", recalcó Oriol Junqueras, para después avanzar que los republicanos presentarán una iniciativa por su cuenta en el Congreso en las próximas semanas.
Pero también de Junts, que ha considerado como "decepcionante" la nueva propuesta de financiación:
"Ni singular ni plural, no hay nuevo modelo de financiación", ha criticado su vicepresidente, Toni Castellà, en una rueda de prensa este lunes.
Por el momento, el ministro Torres ha señalado que es su "voluntad" llevar al Consejo de Ministros los cambios legislativos "a la mayor premura" y que "a la vuelta de verano" se convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar un nuevo modelo de financiación autonómica con el resto de comunidades.
El Ejecutivo catalán, por su parte, confía en que los detalles del modelo se acuerden antes de final de año.
"Es corrupción política", denuncia el PP
Las críticas también han llegado desde los partidos de la oposición. El PP habla de "inmoralidad" y creen que la medida "representa una corrupción política de primer nivel", ya que "Pedro Sánchez quiere comprar más tiempo en La Moncloa a costa de la igualdad de los españoles".
Así se ha pronunciado el portavoz de los 'populares', Borja Sémper, en rueda de prensa, quien se ha mostrado convencido de que "no es decente romper la igualdad de los españoles y poner en riesgo los servicios públicos de todos los ciudadanos", por lo que no ha descartado tomar cualquier tipo de medida al respecto.
"Lo que queremos es que lo que es de todos, se debata entre todos", ha añadido.
Por su parte, desde el partido de Santiago Abascal, arguyen:
"Los separatistas tienen agarrado por aquella parte al presidente del Gobierno", ha subrayado el portavoz de Vox, José Antonio Fúster.
En una rueda de prensa, ha recalcado que "la financiación singular y el cupo separatista están produciendo y van a producir aún mas un gravísimo daño a la unidad de España" y "las consecuencias las sufrirán como siempre los españoles con nuevas subidas de impuestos para pagar la factura de Sánchez con el separatismo".
Pero no han sido los únicos. También los presidentes autonómicos del PP han salido en masa a criticar el acuerdo:
"Es el día de vergüenza", ha dicho la presidenta de Extremadura, María Guardiola, a través de un vídeo difundido en redes sociales, en el que ha instado a la ciudadanía a no admitir ni consentir que sus derechos se quiebren como consecuencia del "saqueo" que representa "el cupo separatista".
"Diez años esperando [para hablar de financiación] y parece mentira que la primera vez que se hable en serio tenga que ser simplemente para pagar favores, chantajes o, lo que es peor, pasos adelante en la ruptura de la igualdad", ha criticado por su parte el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page.
El Gobierno dice que "no va a suponer una desigualdad"
Mientras que desde el Gobierno lo rechazan: "No me gusta la expresión comprando votos. En democracia hay que intentar conseguir el mayor número de acuerdos porque, al final, quien gobierna lo hace para todos", ha defendido la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista en La Hora de la 1.
Según ha señalado, tiene "plena confianza" en las palabras de la vicepresidenta primera, que dijo que "no va a suponer una desigualdad entre comunidades", y ha criticado que "no todo vale para hacer oposición".
Así, ha instado al PP a que apoye la medida: "La obligación es que los acuerdos tengan el mayor consenso posible dentro de la sociedad. Y por eso sería bueno que el PP, en vez de decir que no a todo, esa crítica destructiva, apoyara eso que sea justo y bueno para la mayoría de ciudadanos", ha puntualizado.
Fuentes del Ejecutivo central, por su parte, han añadido que "lo que no es solidario es aprobar regalos fiscales para los que más tienen o aprobar amnistías fiscales para que los evasores", como a su juicio hizo el PP.
Y destacan que, con Pedro Sánchez, las comunidades autónomas han recibido "los mayores recursos de su historia".
En total, aseguran, "300.000 millones de euros más de recursos que en los 7 años de Rajoy", lo que supone "un 47,8% más".
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