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Félix Bolaños
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Félix Bolaños (Foto: Moncloa)

El Gobierno detalla las leyes que espera aprobar en 2022

martes 11 de enero de 2022, 19:13h

El primer Consejo de Ministros del año ha dado luz verde al Plan Normativo para 2022, que incluye la puesta en marcha de 368 iniciativas, entre las que destacan la Ley de Vivienda, la Ley contra el racismo, la abolición de la prostitución, la ley de Industria o la reforma del aborto.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños ha señalado que el Ejecutivo prevé aprobar 368 propuestas normativas, que incluyen 92 leyes (11 orgánicas y 81 ordinarias) y 276 reales decretos. Casi cuatro de cada diez leyes desarrollan compromisos del Plan de Recuperación.

Las principales leyes que se esperan en 2022

Transformación digital

- Reforma de la Ley de ciencia, para garantizar una carrera investigadora atractiva y estable, impulsar la transferencia del conocimiento y fomentar la investigación facilitando la coordinación con las CCAA y los trámites administrativos para nuevos proyectos.

- Reforma de la Ley de industria, que adapta el texto de 1992 a la realidad productiva y económica actual.

- Ley para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de 5G, que promoverá también la diversificación del mercado.

- Real decreto por el que se desarrolla el estatuto de la startup de estudiantes, una herramienta pedagógica para que puedan realizar prácticas como si crearan su empresa realmente.

Cohesión social y territorial

- Ley de vivienda, que regula las condiciones básicas para el disfrute del derecho a una vivienda digna, dotando a las administraciones públicas de instrumentos para contener la subida de precios y favorecer el acceso de los jóvenes.

- Ley para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, que garantiza la homogeneidad de los servicios sanitarios en todo el territorio, establece la gestión pública directa como fórmula de gestión preferente y limita el establecimiento de nuevos copagos.

- Ley de servicios sociales, comprometida en el acuerdo de gobierno para garantizar una cartera mínima de servicios en todo el territorio.

- Ley contra el racismo y otras formas de intolerancia.

- Ley del régimen de organización de los municipios de menor población y de mejora de las relaciones de colaboración de las administraciones públicas, para digitalizar y modernizar los municipios rurales y contribuir así a frenar la despoblación.


Igualdad de género

- Reforma de la Ley de protección integral contra la violencia de género, para avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales y adecuarla al Pacto de Estado y a la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual.

- Ley de acción integral contra la trata de seres humanos y de protección de las víctimas, que abordará especialmente la trata con fines de explotación sexual.

- Modificación de la Ley de salud sexual e interrupción voluntaria del embarazo, para promover y garantizar la igualdad plena, real y efectiva de las mujeres en el acceso a la salud sexual y reproductiva y a la libre decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

- Transposición de la Directiva sobre conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y los cuidadores, que establece nuevos derechos sobre el permiso parental y de cuidadores.


Transición ecológica

- Ley por la que se establecen las normas para la implantación en España del sistema de gestión de la política agrícola común (PAC)

- Ley de pesca sostenible e investigación pesquera, para impulsar la modernización del sector.

- Modificación de la Ley sobre energía nuclear, en relación con los terrenos contaminados radiológicamente.

- Transposición de la Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

- Real Decreto sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos.


Un quinto eje recoge la normativa para la regeneración democrática y de mejora de la calidad de nuestra democracia, como la Ley de Prevención de Conflictos de intereses en el Sector Público y la incorporación, en la actual Ley de Transparencia, de una regulación de las relaciones con los grupos de interés.

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