El magistrado Rubén Rus, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, solicitó el acceso a toda la información bancaria del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
La orden judicial afecta también a personas de su entorno cercano y a varias sociedades mercantiles vinculadas al denominado 'caso Montoro'.
En total, el auto del juez requirió datos financieros detallados de cerca de 20 personas físicas y jurídicas para avanzar en la investigación por un presunto delito de tráfico de influencias.
Investigación a Equipo Económico
Para ejecutar esta diligencia, el juez autorizó a los Mossos d'Esquadra el acceso al Fichero de Titularidades Financieras. Esta medida permitió a los investigadores conocer todos los productos bancarios asociados a los implicados, después de que los requerimientos previos a entidades privadas resultaran insuficientes.
La instrucción se centró en una supuesta trama donde el despacho fundado por Montoro, Equipo Económico, trabajó presuntamente para obtener legislación a medida que beneficiara a empresas del sector gasista.
Sospechas de pagos y tratos de favor
El juez Rus puso el foco en la fragmentación de pagos y en una serie de transferencias realizadas a familiares y ex socios del antiguo ministro.
Según el auto al que tuvo acceso 'RTVE', al magistrado le llamó la atención que los abonos no guardaran coherencia con los porcentajes de participación en el despacho y que no todos los socios recibieran fondos de manera equitativa. Estas irregularidades contables reforzaron la tesis de que se utilizaron canales indirectos para distribuir beneficios derivados de las asesorías legislativas.
La Agencia Tributaria sospecha que Equipo Económico troceó los pagos recibidos de las gasistas con el objetivo de evitar su detección por parte de los sistemas de control financiero. El organismo apuntó a una cifra cercana al millón de euros que las empresas pagaron, presuntamente, a cambio de reformas legales a la carta. Estas modificaciones administrativas permitieron a las compañías contratantes obtener importantes beneficios fiscales mientras Montoro dirigía la cartera de Hacienda en los Gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy.
Informe de la Fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción remitió al juzgado de Tarragona un informe detallado en febrero de este año donde se analizaron los presuntos favores desde el Ministerio de Hacienda.
Los investigadores de Hacienda detectaron que los pagos de las empresas coincidieron temporalmente con los avances en la tramitación de las normas que les favorecían.
El informe sugirió que se violentaron los resortes legislativos del Estado para introducir cambios en los textos legales que beneficiaron directamente a los clientes de la consultoría del exministro.
Cristóbal Montoro, que presidió Equipo Económico antes de su última etapa en el Gobierno entre 2011 y 2018, negó cualquier irregularidad en su gestión. Sin embargo, el avance de la causa en Tarragona situó al ex dirigente del PP en una posición comprometida, especialmente tras el análisis de la documentación que vinculó el éxito de las reformas fiscales con los honorarios percibidos por su antiguo despacho.
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