El juez Juan Carlos Peinado, que investiga la actividad profesional de Begoña Gómez, ha acordado imputar a Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, por la contratación de la asesora de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Martin está citado a declarar el 14 de mayo a las 13:30 horas.
Peinado sostiene que Martín fue el responsable de esa contratación cuando formaba parte de la Secretaría General de Presidencia y le atribuye un presunto delito de malversación de caudales públicos porque entiende que la asesora Cristina Álvarez Rodríguez hizo trabajos privados para Gómez.
Dice el auto que "en cuanto a la desviación de los caudales públicos destinados a Cristina Álvarez Rodríguez, sí que existen indicios de ese posible delito, ahora bien, en cuanto a la participación a título de autor, cómplice o cooperador necesario, no se alcanza a percibir, en qué medida la destinataria del nombramiento, en este caso, la querellada, Cristina Álvarez Rodríguez, por desarrollar, el trabajo que se le viene encomendando, y percibir la cantidad que tiene asignada, pueda tener responsabilidad penal alguna, en la presunta Malversación".
Y añade que, "lo mismo ha de decirse, de la querellada, Begoña Gómez Fernández, que sin indicios de participar en el nombramiento, ni en el pago de los emolumentos de Cristina Álvarez Rodríguez, limitándose a hacer uso de sus servicios profesionales, aunque para fines personales, no se alcanza a percibir responsabilidad penal alguna en dichos hechos".
Y concluye que, "sin embargo, sí que procede admitir a trámite la querella respecto del querellado Francisco Martín Aguirre, por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez Rodríguez, para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez Fernández, con cargo a los presupuestos generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza Pública".
También cuestiona cómo se contrato a la coordinadora del máster
A su vez, el magistado de la causa, ha ordenado a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que informe sobre la contratación de la que fue coordinadora del máster que dirigió Gómez, detallando cuál fue el proceso de selección, sus funciones, su retribución, con cargo a qué partida presupuestaria y dónde tenía físicamente su puesto de trabajo.
En una providencia, a la que ha tenido acceso 'RTVE', el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid da un plazo de 10 días al centro universitario para que conteste "a la mayor brevedad posible" sobre la contratación de Blanca de Juan de Castro.
La que fuera coordinadora del máster que dirigió Gómez ya declaró como testigo ante el juez el pasado 26 de febrero en relación con dicho máster. Precisamente esta diligencia se adopta después de dicha declaración.
Esta providencia se enmarca en la causa en la que se investiga si Gómez cometió 4 presuntos delitos: de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
Ya declaró que fue Gómez quien le propuso coordinar
En su declaración de entonces ante el juez, según fuente presentes en la comparecencia, Juan de Castro explicó que fue coordinadora de másteres de la Complutense y que fue la mujer de Sánchez quien la propuso para coordinar la cátedra de Transformación Social Competitiva.
Reconoció que alguna vez puso en copia en sus correos a Cristina Álvarez, la ex asesora de Gómez, porque implicaban temas de agenda de la mujer del presidente del Gobierno, según las fuentes.
El juez llegó a advertirla de que incurriría en un delito de falso testimonio si faltaba a la verdad y le pidió más concreción, a lo que ella contestó que a la citada asesora sólo le preocupaban los asuntos relacionados con la agenda de la esposa del presidente, para coordinar su seguridad.
Negó además, en la sede judicial, haber recaudado fondos para la cátedra o haberse reunido con el empresario Juan Carlos Barrabés, otro de los investigados en este procedimiento.
También compareció en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre la cátedra y el máster de Begoña Gómez, en la que no contestó a las preguntas concretas sobre el software que se investiga porque -dijo- se trataba de una cuestión judicializada.
Allí dijo que como coordinadora "jamás" se sintió presionada para agilizar los procesos administrativos para formalizar los presupuestos del máster.
Si (
No(
