El pacto entre el Gobierno central y la Generalitat, que establece las bases para un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña, suscitó la reacción de varias comunidades autónomas.
El acuerdo se consensuó hace casi un año entre PSOE y ERC a cambio del voto favorable del partido independentista catalán para la investidura de Salvador Illa como 'president' de la Generalitat.
Críticas al pacto
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manifestó rápidamente su oposición al acuerdo. "Desde la Comunidad de Madrid ya avanzamos: nos negamos rotundamente a este atropello", remarcó en una conferencia de prensa este lunes por la tarde. Ayuso también arremetió contra Pedro Sánchez, a quien acusó de estar "dispuesto a todo" y de encontrarse "en fase terminal". "Ha vuelto a demostrar que es un peligro para España", sentenció.
Entre las filas socialistas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, dio un voto negativo al acuerdo: "Si en vez de plantearlo los independentistas catalanes lo hubiera planteado la Comunidad de Madrid, los mismos que lo firman estarían diciendo que es una barbaridad y que rompe la igualdad de oportunidades".
El Gobierno de Asturias, comandado por el PSOE, a través de su consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, consideró que el nuevo modelo de financiación debería negociarse entre todas las comunidades y no en una reunión bilateral: "Lo que es de todos, lo tenemos que negociar entre todos".
Por su parte, el presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP), reaccionó en redes sociales considerando que "el cupo independentista es ilegal, corrupto y no tiene cabida en la Constitución". "Estamos ante una nueva subasta del Estado autonómico con la que Sánchez asfixia a las regiones peor financiadas y privilegia a sus socios", añadió.
Misma postura mostró el presidente de Andalucía, Juanma Moreno (PP), tachándolo de "cupo separatista" que "rompe la igualdad entre españoles y es un paso más para sacar el Estado de Cataluña". Asimismo, habló de un "duro golpe para España ideado por los independentistas y ejecutado por el dúo Sánchez-Montero en extrema debilidad" y criticó que se pactara "fuera de los órganos de participación", dejando claro, según su criterio, que mientras los independentistas piden, el Gobierno "siempre concede".
También habló la presidenta de Extremadura, María Guardiola (PP), lo consideró "una financiación injusta" y que "se rompe la igualdad, la solidaridad, el equilibrio entre las regiones". "En lugar de sentarnos todos a la mesa, como debe ser, se abre una puerta, una reunión bilateral para conceder privilegios, un cupo separatista que no responde a las necesidades reales de los ciudadanos ni a la situación casi al borde del colapso de nuestro país", defendió.
La presidenta Baleares, Marga Prohens (PP), rechazaba el "cupo separatista" que "rompe" la caja común, recordando que la suya es la segunda comunidad aportadora neta al sistema de financiación, por encima de Cataluña: "Recurriremos a todos los medios a nuestro alcance para evitar este agravio y claro perjuicio a Baleares".
El presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), consideró el acuerdo como un "atentado" a los españoles. "Lo que hoy Sánchez e Illa llaman singularidad es fundamentalmente insolidaridad".ç
También se posicionaba en contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco: "Utilizaremos todos los recursos a nuestro alcance para paralizar esta afrenta. Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional, o a los tribunales ordinarios que correspondan, por vulneración de la Constitución Española".
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, tachaba el pacto de "pura corrupción política", criticando a Sánchez por ceder ante el independentismo y "romper" la caja común para "seguir en el poder cada día más débil".
Otro presidente que no es del PP, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, valoró el acuerdo con Cataluña como "quitarle dinero a los canarios para mandarlo" a esta región.
Los partido catalanes, descontentos
Tampoco quedaron a gusto desde Cataluña. ERC lamentó la escasa concreción del documento del acuerdo y un "exceso de escenificación" ante la posibilidad de que la Agencia Tributaria de Cataluña no recaude el IRPF de 2026, tal como estipulaba el acuerdo de investidura.
Por su parte, Junts calificó la propuesta de "decepcionante". Antoni Castellà, vicepresidente de la formación independentista catalana, criticó que el plan no era "ni singular ni plural, no hay nuevo modelo de financiación".
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