La sanidad pública atenderá a 200.000 nuevos pacientes

El anuncio de esta decisión ministerial fue realizado por Antonio Beteta, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad madrileña, quien desveló que el borrador de la Ley estatal de Presupuestos que prepara el ministro Pedro Solbes incluye la supresión de las entidades colaboradoras de la Seguridad Social. Esta decisión afectará, sobre todo a Madrid, ya que en la actualidad tan sólo quedan en España nueve empresas colaboradoras con 83.219 beneficiarios, de los que 81.706 trabajan en Madrid donde se concentran ocho de las nueve sociedades colaboradoras.

Este tipo de empresas que se crearon en 1967 prácticamente desaparecieron en 1999 cuando las transferencias sanitarias pasaron del Estado a las Comunidades Autónomas que, en general, no mostraron ningún interés en su mantenimiento. Madrid, por el contrario, autorizó su continuación, quizás porque la mayor empresa colaboradora es precisamente la propia Comunidad de Madrid con 63.405 beneficiarios. El resto, hasta 81.706, se reparte entre Radiotelevisión Española (5.203 trabajadores), BBVA (5.223), Banco de Santander (2.409), Banco Español de Crédito (1.946) , Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (1.357) y Altadis (1.458). Fuera de Madrid tan sólo están acogidos a este sistema los 903 trabajadores de RTVE en Barcelona y los 527 de la Autoridad Portuaria de Barcelona.

El sistema por el que se rigen estas entidades colaboradoras en Madrid es muy sencillo: la Comunidad abona a la entidad colaboradora una cantidad por familia similar a la que gastaría por ellos en la sanidad publica. La entidad colaboradora, con esta subvención, suscribe con una sociedad sanitaria privada la cobertura de la prestación sanitaria por enfermedades comunes y accidentes no laborales tanto de su trabajador como de su familia. A cambio, estos beneficiarios dejan de ser atendidos por el Servicio Público de Salud. También las entidades colaboradoras se benefician de un descuento en el pago de la cotización a la Seguridad Social -este año ha sido del 0,055%- y a cambio cubren la prestación de incapacidad temporal de sus trabajadores.

Plazo agotado
La decisión del Ministerio de Economía y Hacienda de suprimir estas entidades colaboradoras hará que todos los actuales beneficiarios pasen a tener el mismo tratamiento que el resto de los madrileños y sean atendidos en el Servicio Público de Salud. La medida afectará, en especial, a los funcionarios de la Comunidad de Madrid que suponen el 76 por ciento de todos los acogidos a este sistema en España. Fuentes ministeriales indicaron a Madridiario que la Comunidad ya a agotado el período de prórroga que se le otorgó en su día para preparar la supresión de estas entidades.

Beteta criticó que con esta medida se ejerce más presión sobre el sistema sanitario madrileño, que ya arrastra el aumento de población de un millón de habitantes producido en los últimos años. Así, que el consejero vaticinó que a partir del próximo año aumentarán las listas de espera en la sanidad, ya que habrá más pacientes y los mismos hospitales y centros de salud, más teniendo en cuenta que en estos tres meses que restan de año no tendrán tiempo para hacer frente al aumento de la demanda. Asimismo, indicó que la medida tendrá gran impacto en las empresas de sanidad privada, que perderán muchos clientes.

En principio, la medida ministerial no provocaría en principio un mayor gasto sanitario pues Madrid seguiría teniendo los mismos recursos para atender a quienes  pierdan sus seguros privados, ya que, paralelamente, se ahorraría la subvención que ahora les da a las entidades colaboradoras.

Solucionar la situación
El Gobierno central intenta con esta medida -que aún no hecho pública y que tendrá que ser aprobada por el Parlamento- solucionar por ley un situación que llevaba tiempo tratando de solventar, según fuentes del Ministerio de Trabajo. Sobre todo, a raíz de que la Comunidad consiguiera que la Audiencia Nacional le diera la razón cuando exigió al Estado 143 millones de euros en concepto de deuda por el ahorro en la cotización por prestación de incapacidad temporal. El Estado argumentó que, desde 1999, las prestaciones sanitarias estaban transferidas pero los tribunales indicaron que no se había derogado el artículo que ahora se quiere suprimir.

Asimismo la Administración Central quiere acabar con una fuente de problemas creada a raíz de que, por la Orden de 9 de agosto de 2006 de la Consejería de Sanidad de la Comunidad, se obligara a todas las empresas colaboradoras a solicitar de la Administración Central la compensación del importe correspondiente a la prestación sanitaria derivada de enfermedades comunes y accidentes no laborales. Según la citada orden, en el caso de que, por sentencia judicial, las entidades colaboradoras obtuvieran alguna cantidad, se comprometían a devolvérsela a la Comunidad.