El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid y encargado de investigar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha interpuesto varias querellas.
Algunos de los denunciados serían cargos políticos y periodistas, según informan varios medios, entre ellos el digital 'El Confidencial'.
El juez considera que las declaraciones realizadas en su contra vulneran su derecho al honor.
Como primer paso en estos procedimientos, ya se han programado actos de conciliación en diversos juzgados de primera instancia.
'El Confidencial' reveló este sábado que entre los querellados figura Óscar Puente, ministro de Transportes y una de las voces más críticas con la instrucción llevada a cabo por Peinado.
Potenciales consecuencias
En caso de que los actos de conciliación no culminen en un acuerdo -y cabe destacar que los querellados no están obligados a asistir-, el juez Peinado podría optar por continuar con acciones legales.
Según las opciones procesales disponibles, podría seguir la vía civil para proteger su derecho al honor o iniciar acciones penales por presuntos delitos de injurias y calumnias.
La investigación liderada por Peinado comenzó en abril de 2024 y se centra en supuestos delitos cometidos por Begoña Gómez, entre ellos tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Sin embargo, esta instrucción ha sido objeto de numerosas críticas tanto dentro como fuera del procedimiento judicial.
Decisiones judiciales recientes
La Audiencia Provincial de Madrid ha limitado en varias ocasiones la actuación del juez Peinado, quien enfrenta cuestionamientos tanto de la Fiscalía como de las defensas involucradas en el caso. Además, algunos cargos políticos han expresado públicamente su desacuerdo con su gestión.
Una de las decisiones más polémicas adoptadas recientemente por Peinado fue la solicitud a la Moncloa de los correos electrónicos de Begoña Gómez desde 2018 para ser analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Esta medida ha generado rechazo tanto de la propia afectada, quien ha recurrido la incautación, como de la Fiscalía, que la considera “absolutamente desmesurada”.
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