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Sólo afecta a once alumnos

No cursar Educación para la Ciudadanía supone ir contra la ley

No cursar Educación para la Ciudadanía supone ir contra la ley

Esperan el pronunciamiento del Tribunal Constitucional o del Supremo

lunes 06 de octubre de 2008, 17:36h
La consejería de Educación y Ciencia recurrirá el nuevo auto del Juzgado nº 2 de lo contencioso-administrativo de Albacete, que declara la suspensión cautelar de la obligación de cursar Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Desde la consejería se informa de la implantación de esta materia según lo establecido en la Ley Orgánica de Educación, avalada por la mayoría absoluta en el Congreso.

El auto del Juzgado nº 2 de lo contencioso-administrativo de Albacete declara la suspensión cautelar de la obligación de cursar Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, y que afecta de hecho sólo a 11 alumnos, pues el resto de los escolares cuyos padres reclamaban su derecho a la objeción se encuentran escolarizados en cursos en los que no se impartirán estas materias.

Desde la Administración educativa se insiste, al igual que en el auto anterior,  que esta decisión judicial no tendrá ningún efecto real sobre la implantación de la asignatura en Castilla-La Mancha en el resto del alumnado, según informó en nota de prensa la Junta.

La Consejería respeta todas las decisiones judiciales, pero reitera que, de los 52 alumnos implicados en el auto, sólo 11 están realmente afectados, pues 4 cursarán Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en 2º de la ESO, 5 Educación Ético-Cívica en 4º de la ESO, y 2 Filosofía y Ciudadanía en 1º de Bachillerato, materias éstas últimas que con parecida denominación y similares contenidos se han venido impartiendo con normalidad desde hace años.

Desde el Gobierno regional recordaron que Castilla-La Mancha implantará Educación para la Ciudadanía porque así lo establece la Ley Orgánica de Educación (LOE), una Ley que está avalada por mayoría absoluta en el Congreso, y que contó con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios y cuyos contenidos no fueron recurridos.

Por último apuntaron que mientras el Tribunal Supremo o el Constitucional no se pronuncien al respecto, la asignatura es una más del currículo escolar, y no cursarla supone ir en contra de la Ley.

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