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Se pagará con las privatizaciones de AENA y de Red Eléctrica

Solbes tiene razón: los ciudadanos no pagarán las ayudas a la banca

Solbes tiene razón: los ciudadanos no pagarán las ayudas a la banca

jueves 09 de octubre de 2008, 11:59h

La polémica surgida en los últimos días sobre quien se va a hacer cargo de la factura que generará la inyección de liquidez en la banca española que aprobará el Consejo de Ministros de este viernes no  tiene sentido. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, tiene razón si esos 30.000 millones se obtienen a través de emisión de deuda pública.

Si España tiene un porcentaje de deuda pública respecto al PIB inferior en veinte puntos a la media europea se debe a  que, a finales de los  noventa, el dinero obtenido por las privatizaciones de las empresas públicas se dedicó a amortizar parte de dicha deuda pública. Y ahora va a suceder lo mismo.

   Quedan pocas “joyas de la coronas” por vender pero, como dicen de  las meigas gallegas “habelas haylas”. La última figura en el plan de emergencia elaborado por el Gobierno para salir de la crisis: la privatización de AENA reportará a las arcas públicas, según cálculos del Ministerio de Fomento, 30.000 millones de euros. Casualmente la misma cantidad que se quiere poner en el sector financiero. Y a esta cantidad hay que sumar los 550 millones de euros de ingresos que se obtendrán, el año que viene, por la colocación del 10% que la SEPI, la  Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, tiene en Red Eléctrica Española.

   Es decir, el capital requerido y los intereses. Y eso sin contar que, aunque el año que viene no habrá más privatizaciones, todavía existen empresas públicas o semipúblicas cuya colocación en el mercado privado puede reportar importantes beneficios. El Gobierno ha anunciado que no venderá la participación que le queda en Iberia hasta que haya culminado la fusión con British Airways. Pero de aquí también se contará con dinero contante y sonante.

    ¿Quién dijo que ya no había nada que privatizar? Quedan cosas y estas son las que utilizará el Gobierno para financiar operaciones como la de los dichosos 30.000 millones de euros que, pretendidamente, deben dotar a la banca española de suficientes recursos como para dinamizar su negocio: el de los préstamos.

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