La "ley Simancas" fijará de tres a siete años de residencia para acceder a una vivienda

Así lo explicó este jueves el candidato socialista, quien advirtió de que su proyecto, que garantizará por ley que el acceso a un piso constituya un derecho subjetivo reclamable en los tribunales para los ciudadanos con una renta familiar inferior a 28.775 euros, "no supone regalar la vivienda a nadie, sino regular el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda digna en condiciones asequibles".

Simancas detalló en rueda de prensa la memoria económica de su ley, que supondría una inversión total de 2.752 millones de euros en los próximos cuatro años, a razón de 688 por ejercicio, lo que representaría un 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. Así, la Comunidad de Madrid invertiría 538 millones anuales en un programa conveniado con el Estado para rehabilitar 190.000 infraviviendas, 125 millones anuales a ayudas para la compra y el alquiler, y 30 millones anuales para mejoras de accesibilidad y eficiencia energética.

Además, el Gobierno regional destinaría 620 millones de euros a la adquisición de suelos para la construcción de 108.000 viviendas, que recuperará tras su puesta en el mercado; y otros 700 millones a la construcción de un parque público de 40.000 pisos en alquiler, que tampoco tendría coste para la Administración porque provendría de las cesiones obligatorias en las redes de carácter supramunicipal.

El dirigente socialista se mostró convencido de que su propuesta tendrá "amigos", en referencia a "la inmensa mayoría de las familias madrileñas y a los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda", y "enemigos", en alusión al "PP y a los especuladores", que, a su juicio, "pueden ver en peligro la continuidad de un extraordinario negocio".

En todo caso, dijo contar con la iniciativa privada para poner en marcha la construcción del parque de vivienda en alquiler, al apuntar que la construcción se realizaría mediante "concesiones administrativas de 25 años" a través de "la vía del derecho en superficie". Según sus cálculos, este método reportaría a las constructoras un rendimiento del 9,03%, lo que equivaldría a 5.000 euros por cada vivienda, es decir, unos 200 millones en total.

Tras apuntar que estas condiciones son "negociables" y que las concesiones podrían "ampliarse a más años" y, por tanto, aportar "unos mejores rendimientos", Simancas anunció su intención de reunirse con los representantes del sector para recabar su colaboración con este proyecto, que volvió a calificar de "valiente, eficaz, factible y económicamente viable".

En relación con las críticas realizadas por el PP, que calificó de "broma" esta iniciativa, Simancas replicó que "una broma sería no dar una respuesta eficaz, contundente y valiente al problema del acceso a la vivienda, dejar las cosas como están y no ofrecer una respuesta a la mayoría de las familias madrileñas". "Una broma sería lavarse las manos ante un problema que angustia a la mayoría de las familias madrileñas", agregó.

Asimismo, recordó que, según el Estatuto de Autonomía, las competencias en materia de ordenación del territorio y vivienda "corresponden a la Comunidad de Madrid", por lo que, si el Estado quisiera aprobar una norma parecida, "no tendría capacidad ni funciones para hacerlo".