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Policías y funcionarios corruptos

Escándalo en tribunales

Escándalo en tribunales

Duras penas arriesga la veintena de detenidos, entre efectivos de Investigaciones y funcionarios judiciales, que eran parte de una red dedicada a manipular documentos para conseguir beneficios judiciales, entre ellos la libertad a numerosos delincuentes.

El grupo, formado según se sabe hasta ahora por 10 policías en servicio activo, uno retirado, 7 empleados del Poder Judicial, y uno del Servicio Médico Legal (SML) fue formalizado este viernes, luego de ser capturado a partir de la madrugada.

Atento al procedimiento, el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Carlos Mackenney -de acuerdo al abogado del organismo Estanislao Duffey- solicitó ser "extremadamente rigurosos en esta investigación y en pedir el máximo de las penas".

El jurista que representará a la entidad ante tribunales estimó que "este es un hecho tremendamente grave que afecta la imagen-país y la imagen de la policía y del sistema judicial chileno".

Respecto de los policías involucrados se indicó que pertenecen al menos a cinco unidades de la Zona Policial Metropolitana que corresponderían a la Brigada de Robos (Birom), Brigada del Crimen (Bicrim) y Extranjería, y que el más alto rango corresponde a un subcomisario.

El prefecto general metropolitano de Investigaciones, Oscar Gutiérrez, reconoció que la institución está dolida por el caso y llamó a "mirar esto con sana prudencia. Hay que esperar los resultados de las indagaciones para establecer las responsabilidades".

Explicó que los funcionarios adulteraban resoluciones judiciales y entregaban antecedentes de causas de delincuentes a una ex funcionaria que posteriormente trabajó en el Poder Judicial.

El fiscal jefe de delitos económicos de la Fiscalía Centro Norte, Iván Millán, explicó que se beneficiaron delincuentes que cometieron ilícitos como homicidios, tráfico de drogas y violación.

Fuentes ligadas a la investigación señalaron que los miembros de esta red cobraban entre 300 mil y 4 millones de pesos (aproximadamente entre US$ 500 y US$ 6.500) por conseguir datos o adulterar documentos judiciales.
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