Paro Cívico en Tarija por "persecución" política a dirigentes

El dirigente del opositor Comité Cívico de Tarija Freddy Castrillo dijo hoy que el llamamiento a la huelga en esa región es una respuesta a "la ilegalidad y la persecución política que el Gobierno ejerce" contra su organización.

Los cívicos tarijeños esperan una suspensión total de actividades en la ciudad, que tiene unos 200.000 habitantes y es la capital del departamento homónimo que alberga las más grandes reservas de gas natural de Bolivia.
La protesta rechaza la detención del presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, quien desde el lunes está recluido en un penal de La Paz acusado de haber participado en un atentado contra un gasoducto en septiembre pasado durante una ola de protestas.

Además de Bayard, otros tres activistas autonomistas de la región de Santa Cruz fueron recluidos en el mismo penal acusados de propinar una paliza al máximo jefe de la policía de esa región cuando se realizaron las movilizaciones opositoras.

La convocatoria al paro en Tarija coincide con el arribo a esa capital de una marcha de campesinos, afines al oficialismo, para protestar por demandas gremiales contra el prefecto (gobernador), el opositor Mario Cossío.

Castrillo dijo que esperan que la marcha campesina "sea pacífica, como lo será el paro cívico", por lo que descarta posibles choques entre activistas de ambos grupos.

El prefecto Cossío y su colega de Chuquisaca, la indígena quechua Savina Cuéllar, viajaron hoy hacia Ecuador para participar el jueves y viernes en una asamblea de la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios (OLAGI) en la ciudad de Cuenca.

En el foro, que agrupa a gobernadores, prefectos, intendentes y presidentes de territorios regionales, Cuéllar tiene previsto hacer "denuncias contra el Gobierno de las persecuciones que se producen en Bolivia", dijo a Efe un portavoz de la prefecta chuquisaqueña.

Según la fuente, la prefecta opositora tiene previsto repartir "un material" sobre la situación de su región y los conflictos que vivió en la Asamblea Constituyente realizada en 2007.

Ese año, la ciudad de Sucre, capital de Chuquisaca, vivió varias protestas contra la Constituyente para reclamar su condición de capital de Bolivia y en las que murieron tres personas.

El lunes, grupos opositores de Santa Cruz marcharon en esa región contra las detenciones y solicitaron "asilo político" a la Iglesia Católica, en lo que anunciaron como el inicio de movilizaciones contra el Gobierno de Morales.

El Ejecutivo ha defendido que todas las detenciones realizadas hasta ahora han sido justificadas porque los acusados participaron en septiembre en acciones violentas que, según Morales, pretendían derivar en un golpe de Estado civil contra su Gobierno.