El Senado comienza a debatir la expropiación de Aerolíneas

El cónclave se realizará desde las 17 en el Salón Arturo Illia de la Cámara alta, en una reunión en la que se analizarán los pormenores del proyecto que la semana pasada fue sancionado por los Diputados.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el santacruceño Nicolás Fernández, aseguró  que el oficialismo no tendrá problemas en obtener las firmas suficientes en dictamen de mayoría para que la iniciativa obtenga el respaldo y sea dispuesta en el plan de labor de la sesión del 17 de diciembre.

El proyecto fue delineado tras varias reuniones de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Empresas Privatizadas, durante las cuales los legisladores escucharon los pormenorizados informes de la Auditoría General de la Nación y del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Este último organismo estuvo encargado de obtener el valor de la compañía y, luego de varias semanas de estudio, determinó que Aerolíneas, Austral y sus compañías satélites tenían una deuda que excedía con creces el valor de sus activos.

Debido a esos informes, el proyecto de Ley declara "de utilidad pública y sujetas a expropiación" a las empresas aéreas.

El expediente establece que quedan exceptuadas de la expropiación las acciones del Estado Nacional y de los Trabajadores y agrega que actuará como expropiante el "organismo que a tal efecto designe el Poder Ejecutivo Nacional".

"Para garantizar la continuidad y la seguridad del servicio, el mantenimiento de las fuentes laborales y el resguardo de los bienes de las empresas, el Poder Ejecutivo ejercerá todo el derecho que las acciones a expropiar le confieren", menciona el segundo artículo del proyecto.

El artículo tercero declara que "para garantizar la prestación de los servicios" el gobierno nacional "instrumentará los mecanismos necesarios a los fines de cubrir las necesidades financieras derivadas de las empresas" aéreas.

La Ley compromete al Ejecutivo a que en 180 días desde su entrada en vigencia, debe presentar un "Plan General de negocios, estratégico y operativo de mediano y largo plazo" que además deberá "contemplar especialmente las necesidades de aquellas regiones del país que dependan de manera fundamental del transporte aéreo".

El Poder Ejecutivo también deberá "discriminar los pasivos generados por las operaciones normales" de Aerolíneas y Austral de "aquellos que se hubiesen generado por operaciones dolosas o fraudulentas o que tuvieran causa en la mala gestión de los administradores", es decir de las empresas españolas SEPI e Interinvest.

Asimismo, el Ejecutivo deberá presentarse en "todas las causas penales existentes en las que se investiguen eventuales delitos que los actuales accionistas mayoritarios, los administradores de dichas empresas o aún terceros hubiesen cometido en perjuicio del patrimonio de la sociedad".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el senador del Frente para la Victoria Nicolás Fernández, aseguró que el oficialismo no tendrá problemas en obtener el dictamen del proyecto al argumentar: "tenemos el número suficiente".

El senador santacruceño indicó que la intención del oficialismo es "dejar el dictamen listo para que tenga los siete días publicados y para que, el próximo miércoles (17 de diciembre), sea discutido en el recinto".

En ese sentido, Fernández remarcó que la intención del Poder Ejecutivo es "sanear las compañías aéreas, volverlas relativamente rentables"; y sostuvo que "hay que dejar abierta la alternativa de inversiones de terceros o privadas".