América Latina y las drogas: agenda de reconstrucción

La histórica victoria electoral de Barack Obama al convertirse en el presidente de la esperanza para los Estados Unidos también está inevitablemente unida a múltiples desafíos mundiales de difícil solución. La política exterior estuvo tan concentrada en la guerra contra el terrorismo y las campañas militares en Irak y Afganistán, que otras problemáticas como la “guerra contra las drogas” y las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y América Latina han pasado a segundo plano. Sin embargo, sería realmente un desastre económico y político si Obama no clarifica su agenda sobre las drogas y el control del narcotráfico.

La producción de hoja de coca y el negocio ilegal han dejado de ser un asunto únicamente para el área andina donde destacan Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, pues la estructura de los negocios del narcotráfico se ha extendido hacia América Central y específicamente llega hasta México, cuyas conexiones con el Tratado de Libre Comercio para Norteamérica (NAFTA) han posibilitado expandir el tráfico ilegal de drogas a escala global.

En el periodo que va de 1996 a 2006, las relaciones comerciales entre América Latina y los Estados Unidos crecieron en 139%, comparado con un aumento de solamente 96% del intercambio económico con Asia y 95% con la Unión Europea (UE). En el año 2006, los Estados Unidos exportaron un valor de 223 mil millones de dólares en mercancías hacia América Latina a diferencia de una exportación de sólo 55 mil millones orientada hacia China, la economía emergente más importante del mundo. Asimismo, 30% de las importaciones de petróleo que tiene Estados Unidos viene de América Latina en comparación con sólo un 20% del petróleo proveniente del Medio Oriente. Latinoamérica es una de las fuentes de petróleo más importante para los Estados Unidos, así como la producción de cocaína se ha incrementado en un 30% entre 1997 y 2007 con un mercado significativo en Norteamérica.

A pesar de esta directa interconexión económica entre América Latina y Estados Unidos, la agenda exterior se ha deteriorado y la guerra contra las drogas resultó un fracaso debido a su enfoque estrictamente militar, muy alejado de otras alternativas como una cooperación más agresiva para combatir la pobreza en el Hemisferio Norte y una apertura hacia la progresiva legalización de algunas drogas hasta romper los millonarios beneficios que proliferan gracias a la ilegalidad.

La agenda de Obama respecto a las drogas en América Latina debería reducir la participación ampliada de las Fuerzas Armadas en la lucha anti-narcóticos porque esta estrategia permite que se gesten movimientos sociales campesinos directamente ligados a la producción de coca, explotando protestas políticas que reproducen un sentimiento antiamericano, desprestigiándose cualquier acercamiento diplomático. El Plan Colombia del periodo 2000-2008 para luchar contra el narcotráfico también está relacionado con el combate a la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pero, curiosamente, la insurgencia y la guerra contra las drogas son entendidas por varios sectores pobres como una oportunidad de resistencia política latinoamericana que reacciona negativamente en contra de los Estados Unidos.

Los sindicatos productores de coca se han fortalecido en Bolivia y Perú, generando movilizaciones para denunciar la militarización de los cocales y rechazando cualquier intento de erradicación forzosa. Esta rebeldía se identifica con los movimientos antiglobalización y en situaciones de inestabilidad política y debilidad institucional de la democracia, ha provocado la elección de Evo Morales en Bolivia, un dirigente cocalero que busca destruir las relaciones de equilibrio con los Estados Unidos, promoviendo un discurso anti-imperialista junto con otros presidentes como Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua.

Las políticas de militarización de los Estados Unidos para destruir el narcotráfico no pudieron identificar acciones alternativas para comprender políticamente a los movimientos sociales cocaleros. Las propuestas del presidente electo Barack Obama son bastante difusas y corren el riesgo de tropezar con los mismos obstáculos del pasado: exceso de paternalismo en las políticas de cooperación para substituir la hoja de coca por otros productos agrícolas, cuando los precios internacionales de la coca y la cocaína son más atractivos y más altos en un mercado libre y altamente sofisticado como la economía de la cocaína manejada desde Colombia y México con conexiones en Honduras, El Salvador y Estados Unidos para su expansión hacia Europa, gracias al incremento del tráfico de opio en Afganistán, Pakistán, India y el caos en el Medio Oriente.

Frente a todo intento por erradicar la coca en Bolivia, Perú y Colombia, las organizaciones campesinas y no gubernamentales de protección a los derechos humanos y desarrollo económico han aprovechado hábilmente las demandas sociales por infraestructura caminera, servicios de educación y salud, beneficiándose del dinero invertido por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); sin embargo, los recursos de la cooperación no han debilitado los movimientos antiglobalización ni tampoco la ideología insurgente de la “nueva izquierda” que hostiliza las relaciones políticas con los Estados Unidos.

En el fondo, la lucha contra el narcotráfico no se ha “latinoamericanizado” porque los movimientos sociales que simbolizan las luchas izquierdistas en América Latina están ligados a un “incentivo ilegal-delictivo de la cocaína” en el caso de las organizaciones cocaleras en Bolivia, Perú y Colombia que cohesionan una ideología anti-estadounidense. La agenda exterior finalmente queda atrapada en una densa red de intereses burocráticos con cientos de organizaciones que afirman trabajar en beneficio del desarrollo con USAID y la Agencia de Interdicción al Narcotráfico (Drug Enforcement Administration-DEA) pero que no pueden explicar por qué el movimiento cocalero radical terminó fortalecido hasta tener un presidente como Evo Morales en Bolivia.

Los movimientos sociales cocaleros en América Latina no buscan su incorporación al sistema político democrático, ni tampoco intentan luchar por su modernización, sino que actúan con indiferencia aprovechando al máximo la indecisión y los errores de las políticas antidrogas para incrementar sus beneficios económicos. La conducta ambigua de los movimientos cocaleros y antiglobalización se robustece en la medida en que los Estados democráticos de América Latina se marchitan, dando lugar al nacimiento de un varios “Estados semi-fallidos” como en Bolivia, Ecuador, Venezuela, Haití, Nicaragua e inclusive México debido a la incontrolable violencia urbana y corrupción policial en la región de Sinaloa.
El presidente Barack Obama debe reconstruir las relaciones con América Latina y reinventar la lucha contra el narcotráfico, reorientando tres problemas. Primero, reducir las amenazas de una mayor militarización con la consiguiente intervención de organismos financieros internacionales para “erradicar la pobreza sin condiciones”. Segundo, cambiar la impresión de que América Latina tiene de un sentido de abandono por parte de los Estados Unidos, borrando definitivamente el prejuicio de Latinoamérica como “patio trasero”. Tercero, desenredar el sistema burocrático tejido por USAID, DEA y los gobiernos de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y México para promover una vía pacífica mediante la discusión meditada sobre la probable legalización de las drogas. Las redes burocráticas saben muy bien que es más fácil concentrar la mayor cantidad de ayuda económica gracias a la militarización y a un sobredimensionamiento de los objetivos de interdicción que opacan el desarrollo alternativo y una nueva agenda internacional entre América Latina y los Estados Unidos.

Sociólogo político, investigador de Yale World Fellows Program, [email protected], [email protected]