El jueves, el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, justificó en una entrevista televisiva su desconocimiento acerca de la presunta autorización que dio el Gobierno de
Aznar para que vuelos de EE.UU. pudieran hacer escala en España para transportar presos islamistas a Guantánamo --causa que se investiga en la Audiencia Nacional-- alegando que en el traspaso de poderes nadie le informó y porque cuando llegó a la Moncloa se había hecho un "
barrido informático masivo".
Además este viernes, la vicepresidenta del Gobierno
María Teresa Fernández de la Vega, durante la
rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, insistió en que el Ejecutivo sí tiene la
"certeza" de que
"hubo un borrado informático" en Moncloa por parte del último Gobierno de José María Aznar. "
Otra cosa es que esa certeza se considerase en su día suficiente para establecer algún tipo de acción, dado que se desconocía la naturaleza de la documentación informática desaparecida. Pero que hubo barrido informático, no cabe la menor duda", zanjó.
No obstante, esta causa ya fue investigada por la Justicia hasta que las magistradas de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid,
Maria Luisa Aparicio, Ana María Ferrer y
Ana Mercedes del Molino consideraron que los hechos denunciados se basaban en una información periodística --concretamente publicada por '
El País' en 2004-- que tenía "
un carácter tan absolutamente generalizado e indeterminado que no permite abrir una investigación criminal" y archivaron definitivamente la causa.
El citado periódico indicaba en su información que "
miembros del equipo de Aznar" habían borrado los ordenadores de Presidencia al abandonar el poder, para lo cual contrataron a una empresa especializada.
Los querellantes consideraban que el entonces presidente del Gobierno podría haber incurrido en el delito previsto en el artículo 413 del Código Penal que establece penas de prisión de 1 a 4 años para
"la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo".
"Todo tipo de archivos"
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Pero el auto de la Audiencia de Madrid especificaba que
"es lógico pensar" que durante los cuatro años que fue presidente Aznar en los ordenadores de los miembros de su Gabinete se encontraran
"todo tipo de archivos" como informes, agendas o diseños de discursos "
que en ningún caso podrían ser considerados documentos de trascendencia jurídica".
Además, los denunciantes pedían también que se investigara al Ministerio del Interior, cuyo titular era entonces
Ángel Acebes, por un "
volcado" de documentos relacionados con los atentados del 11-M que fueron publicados en libros meses después. Las querellas ya fueron archivadas en 2006 por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, decisión que fue recurrida por los dos querellantes.
Mazón interpuso la denuncia el 14 de diciembre de 2004, en la que citaba dos noticias publicadas por el diario 'El País' el 13 de diciembre de 2004 en las que se informaba de que una empresa cobró 12.000 euros por eliminar archivos informáticos y sus respectivos copias de seguridad de La Moncloa, mientras que en el Ministerio del Interior se realizó un "
volcado" de documentos sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.