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Pedirán juicio político a los jueces que habían liberado a los represores

Después de las fuertes críticas, suspenden la libertad de Astiz y el 'Tigre' Acosta

Después de las fuertes críticas, suspenden la libertad de Astiz y el "Tigre" Acosta

La liberación de los represores excarcelados por la Cámara de Casación, entre ellos Jorge "Tigre" Acosta y Alfredo Astiz, quedó suspendida ante la presentación de apelaciones contra esa medida por parte de la fiscalía, que buscará llegar a la Corte Suprema de Justicia.

La decisión fue adoptada por la misma sala II que ayer concedió el cese de las prisiones preventivas a los represores de la ESMA y ahora ordenó suspender esa medida, ante un planteo del fiscal Raúl Pleé, informaron a Télam fuentes judiciales.

El fiscal presentó recursos extraordinarios de apelación con miras a llegar a la Corte Suprema de Justicia para evitar las excarcelaciones.

La decisión de Casación "pone en serio riesgo a la Nación Argentina de ser sancionada internacionalmente por arriesgar innecesariamente la concreción del debido proceso en causas en las que se ventilan graves violaciones a los derechos humanos".

"Existen sobradas muestras de la especial capacidad demostrada por los imputados de la comisión de crímenes durante la dictadura para ocultar y destruir pruebas e intimidar. Lo mismo se observa sobre los medios a su alcance para lograr la impunidad con su fuga", agregó.

Ahora, será la misma sala II del máximo tribunal del país la que determine, luego de dar intervención a todas las defensas, si habilita la apelación y abre el camino a que el tema sea tratado en la Corte Suprema.

Si los camaristas rechazaran los recursos, todos los represores quedarían en condiciones de salir en libertad y el fiscal tendría como última vía recurrir "en queja" al máximo tribunal, sin efecto suspensivo.

"Se trata de crímenes cometidos desde el Estado, por una asociación criminal compuesta por un vasto, complejo y poderoso entramado de sistemas delictivos integrados por numerosas personas que, aún hasta hoy, han conseguido permanecer impunes por estos delitos", agregó Pleé en el texto al que accedió Télam.

Y consideró que "la construcción de aquella impunidad tiene efectos procesales en las causas en trámite y continúa en desarrollo: todavía debe determinarse en cada investigación si las víctimas de desaparición forzada son efectivamente "desaparecidas" o asesinadas".

"Al perpetrarse los crímenes de lesa humanidad imputados se buscó sistemáticamente el ocultamiento de rastros del delito con la finalidad de lograr la impunidad futura", sostuvo.

Además, consideró que los argumentos usados para ordenar el cese de la prisión preventiva de los beneficiados por la sala II son "arbitrarios" y contienen "fundamentos sólo aparentes".

"Esta fiscalía considera que esa Sala ha realizado una incorrecta interpretación de las normas que regulan el instituto de la prisión preventiva y por ende la excarcelación", agregó Pleé.

Los camaristas firmantes del voto mayoritario, Guillermo Yacobucci y Luis García, hicieron "una aplicación inadecuada de la ley, motivo que la desvirtúa y torna inoperante".

Por ello, si Casación abre los recursos y el tema llega a la Corte, solicitará que este tribunal deje "sin efecto" la decisión porque "desvirtúa la finalidad de la ley que no fue aplicada tal como la concebía el legislador, realizando una interpretación que frustra el objetivo de las normas que regulan la prisión preventiva".

"En el caso, sin dudas fue seriamente conculcado el interés de la comunidad toda en que se haga efectiva la ley penal respecto de los delitos que aquí nos ocupan catalogados como delitos de lesa humanidad", fundamentó.

Pleé sostuvo que los plazos de la prisión preventiva -dos años con posibilidad de un tercero- no son automáticos y aludió al riesgo de fuga de los detenidos, a la posibilidad de entorpecer la investigación aún en curso y recordó que todavía hay prófugos en la megacausa ESMA.

Para el fiscal, con las liberaciones se pone en riesgo la posibilidad de debatir en un juicio oral "las responsabilidades criminales en orden a los graves delitos que en esta causa se ventilan (que, vale reiterarlo, han sido definidos como de lesa humanidad)", concluyó.

El Gobierno pedirá juicio político a los jueces que liberaron represores

La Secretaría de Derechos Humanos solicitará el inicio de un juicio político a los magistrados que dictaron la libertad de 17 represores que actuaron en la ESMA y planteará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

Así lo informó el titular de la secretaría, Eduardo Luis Duhalde, quien argumentó que la decisión apunta a "evitar un escándalo jurídico" por la decisión de los jueces subrogantes de la Sala II de la Cámara de Casación, Guillermo Yacobucci y Luis María García.

Yacobucci y García dictaron ayer la libertad para 17 ex marinos procesados, entre los que se encuentran Alfredo Astiz y Jorge "El tigre" Acosta, en una causa en la que el juez federal Sergio Torres investiga delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA y en la que la Secretaría de Derechos Humanos es parte querellante.

"Los magistrados no fueron conmovidos por el hecho de que esos 17 individuos están imputados de ser autores fundamentales de los homicidios agravados y detención y desapariciones masivas llevadas adelante por el grupo de tareas de la ESMA", declaró Duhalde en conferencia de prensa.

Para el funcionario, el accionar de los marinos en la Escuela de Mecánica de la Armada "fue una verdadera máquina de masacrar hombres y mujeres y de apropiarse de los niños nacidos en cautiverio".

En este contexto, Duhalde anunció que interpondrá ante la Suprema Corte un recurso extraordinario contra la resolución, y solicitará al alto tribunal "que se avoque en forma directa para evitar el escándalo jurídico" en el país y en el plano internacional.

Con su decisión, la sala II no prorrogó la prisión preventiva que se venía ratificando en los últimos años pese al vencimiento de los plazos legales, lo que justamente fue tomado como argumento por los jueces subrogantes.

Sin embargo, la Procuración General de la Nación recordó ayer que las excarcelaciones no corresponden cuando hay más de un procesamiento, como ocurre con muchos de los detenidos.

También, la Secretaría de Derechos Humanos pedirá al Consejo de la Magistratura el jury de enjuiciamiento a los miembros del Tribunal Oral 5 de la Capital Federal, Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías "por mal desempeño de sus funciones".

Duhalde responsabilizó a ese tribunal por el "retardo de justicia" que llevó a que todavía no se hayan realizado los juicios de los imputados, y, como ejemplo, mencionó que uno de los tramos de la causa ESMA se elevó a proceso oral en noviembre del 2007, pero no se fijó fecha de audiencia.

De la conferencia de prensa, participaron Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos; la coordinadora del área jurídica de la secretaría, Magdalena Funes; los subsecretarios Martín Gras y Luis Alen; y la directora de asuntos jurídicos Andrea Galde.

Los anuncios de Duhalde fueron interrumpidos en varias oportunidades con aplausos y cánticos a favor de dar cárcel a los jueces que, según el secretario, "no puede ignorarse que fueron complacientes" con la dictadura, y aún "hoy no se despojaron de esa visión".

En la rueda de prensa, Duhalde evitó polemizar sobre los argumentos de algunos miembros del Poder Judicial, entre ellos el ministro de la Corte, Carlos Fayt, en cuanto a que el Parlamento estaría demorando los instrumentos necesarios para acelerar los juicios.

"No me cabe la menor duda de que hay elementos que conspiran; son jueces que fueron nombrados por la dictadura por compartir su ideología", expresó Duhalde.

Con todo, advirtió que la cuestión puntual en el caso de los marinos represores es que "no se aplicaron las leyes vigentes, ni la jurisprudencia de la Corte".

Duhalde extendió además el pedido de jury de enjuiciamiento sobre la Cámara Federal de Mendoza, "que dispuso en el último tiempo la liberación de la totalidad de los procesados por crímenes de lesa humanidad".

Francia expresó su “beneplácito” por la reacción oficial
La cancillería francesa trasmitió este viernes al gobierno argentino "su beneplácito" por "la reacción de las autoridades argentinas" tras la decisión de la Cámara de Casación Penal que ordenó la liberación de los ex marinos Alfredo Astiz, de Jorge "El Tigre" Acosta y de otros ex represores y consideró que "una liberación de Astiz sería chocante".

A través de una carta, que el embajador Frederic Du Laurens, le entregó en manos al canciller Jorge Taiana, se expresa la posición de Francia sobre la decisión de la sala II de la Cámara de Casación.

"Recibimos con beneplácito la reacción de las autoridades argentinas luego de la decisión de la Corte de Casación Penal de liberar a varias personas, a pesar de estar acusadas de crímenes y violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura", sostiene la carta.

Asimismo, agrega que "las palabras pronunciadas ayer (este jueves) por la presidente Cristina Fernández -según las cuáles ’esta decisión es una vergüenza para la Argentina y para la humanidad’- expresan bien lo que nosotros sentimos".

En el texto, la cancillería francesa recuerda que "nadie puede olvidar que Astiz fue condenado por la justicia francesa en marzo de 1990 por su implicancia directa en el secuestro y la tortura de dos monjas francesas y fue condenado por el tribunal penal de París a reclusión perpetua".

La carta añade también que "su liberación (aún antes de que sea procesado en la Argentina) sería chocante. Esperamos con impaciencia que el proceso que está abierto en su contra ante la justicia argentina llegue a su término".

"Las autoridades francesas -continúa la misiva- no cesaron nunca de actuar para que la justicia llegue a las víctimas de la dictadura".

El documento recuerda con que "el primer ministro, Francois Fillon, lo recordó en ocasión de la ceremonia de homenaje a las dos monjas francesas secuestradas y asesinadas por Astiz el 8 de diciembre de 2007 en Buenos Aires".

La carta fue entregada por Du Laurens al canciller Taiana durante la firma del convenio entre la Argentina y la Unión Europea sobre la cooperación en el área de los derechos humanos.

Luego de la firma del convenio, el embajador francés habló con la prensa argentina y comunicó que compartía "totalmente la posición de las autoridades argentinas tal cual fueron expresadas este jueves por la Presidenta de la Nación".

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