Depende de la intención o intencionalidad o tendencia de cada medio, podemos estar siguiendo estos días un "serial" o "culebrón distinto": un diario reveló y prosigue la historia que llama del aguinaldo bancario. Otro "vieja a replicar", de algún modo, con la historia del presunto barrido de los archivos informáticos que Aznar había ordenado que se hiciera en los ordenadores de los altos funcionarios de su Gobierno antes de irse, tras la derrota de hace cinco años. ¿Qué culebrón prefiere usted? En una y en otra materia, hay una coincidencia: en materia del aguinaldo, los socialistas han sido escuetos y cautos en explicaciones.
De entrada, Pedro Solbes dijo que era "materia menor", y que se trataba de eliminar una discriminación que padecían los banqueros con productos bancarios propios o productos ajenos. En materia de barrido, los populares también ponen cara de póquer, no saben o no quieren saber de viejas y no ejemplares historias. Es decir, que se han convertido en asuntos para arrojar al contrario, algo a lo que ya nos tienen muy acostumbrados socialistas y populares. En uno y otro caso, con evidente desprecio del ciudadano corriente, que bien querría tener explicaciones de uno y otro asunto: ¿Hay razones para que el bancario y su familia tengan ese trato de favor, que se trate de corregir o rectificar una situación desairada e injusta? En el caso del borrado: ¿Tiene alguien derecho a borrar y hacer desaparecer documentación propia del Estado, y no de un equipo que ha ocupado el Gobierno cuatro u otro años? ¿No es un delito puro y duro hacer lo que se presupone que hicieron Aznar y "sus muchachos" para no dejar huellas, acaso indignas de su paso por el Ejecutivo? Pues ahí tenemos a dos medios informativos que se pelean por las posiciones de sus respectivas primicias informativas, y al margen de lo que debieran decir Gobierno de ahora y Gobierno de antes.
En el caso del borrado de ordenadores, Mariano Rajoy, que también fue ministro del gobierno con Aznar, y que ahora ha heredado el partido del expresidente, ha retado a Zapatero a llevar a los tribunales el asunto. Por parte de Zapatero, nos cuentan que tiene una prueba irrefutable: la factura de 12.000 euros que habría pasado a la Moncloa unas empresa especializada en borrar archivos. Y la doctrina que apoya esta actuación del Gobierno actual: la desaparición de documentos es un delito, aunque sin crimen ni prueba acaso no resulte fácil explicar el delito ante el que pudiéramos hallarnos. De momento, tenemos muy reciente la desaparición del documento por cuya virtud el gobierno de Aznar acordó con el gobierno de Bush el sobrevuelo de España por aviones de la CIA probablemente con presos talibanes camino de Guantánamo...
También parece que terminará en los tribunales el caso del aguinaldo de los banqueros o bancarios, toda vez que la asociación de subinspectores de Hacienda recurrirá a esta vía última por considerar ilegal y discriminatorio lo sucedido con la banca "y sus familiares". Después de todo, parece que habrán de ser los tribunales, siempre después de muy largos plazos y considerandos, los que determinen presuntas culpabilidades, o bien que terminen por dar carpetazo y cierre final a asuntos presuntamente turbios entre Gobierno de ahora y Gobierno de antes, oposicion popular u oposición socialista a lo que se hace o lo que se hizo...
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