La disolución de ANV y PCTV es inminente, pero sus concejales seguirán ahí

Por primera vez para un asunto de ejecución de ilegalizaciones, la Sala especial estará presidida por el presidente del TS, Carlos Dívar. Completan este órgano los presidentes de cada una de las cinco Salas del Tribunal Supremo y los magistrados más antiguos y más modernos de cada una de ellas.

   La Abogacía del Estado instó concretamente al Supremo a "comunicar" al Parlamento Vasco que el grupo parlamentario Ezker Abertzalea -integrado por nueve diputados elegidos por las listas de Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK) debe disolverse en cumplimiento de la sentencia que ilegalizó este partido el pasado 22 de septiembre.

Concejales que no pierden su condición de tales

   En un segundo escrito, los Servicios Jurídicos del Estado, en nombre del Gobierno, pidieron la disolución de los grupos municipales de Acción Nacionalista Vasca (ANV) al considerar que, aunque tras la ilegalización de este partido los concejales no pierden su condición de tales, no pueden integrarse en un nuevo grupo político (mixto) en sus respectivos ayuntamientos, sino que "tendrán la consideración de miembros no adscritos".

   Igualmente, el Tribunal Supremo deberá resolver si disuelve los grupos de ANV en las Juntas Generales de Vizcaya y Álava dirigiendo a las mismas el oportuno mandamiento judicial, "así como el cese en el abono de toda cantidad que vinieran percibiendo dichos grupos".

   Para alcanzar este segundo objetivo, según la Abogacía del Estado, la Sala del 61 deberá dirigir el correspondiente mandamiento "a las administraciones públicas autonómicas, forales o locales que los estuvieran satisfaciendo".

   Paralelamente, se pide la designación de tres liquidadores de Hacienda para que trabajen en los procesos de liquidación patrimonial de ANV y otros tres para PCTV, que los llevarán a cabo "hasta dar al patrimonio neto resultante de la liquidación el destino establecido en la ley".

Pese al recurso ante el Tribunal Constitucional

Las peticiones de los Servicios Jurídicos del Estado se efectuaron con independencia de la admisión a trámite, por parte del Tribunal Constitucional, del recurso de amparo presentado por ANV contra su ilegalización. Según el escrito presentado el pasado viernes, "esta circunstancia no priva de su fuerza ejecutiva" a la sentencia de ilegalización.

   A ello lo que hay que añadir que la Abogacía ya se opuesto ante el Constitucional a la petición de ANV para que la ilegalización sea suspendida mientras se tramita el recurso de amparo.

   Respecto a la disolución de los grupos municipales, el abogado del Estado justifica su petición en que la disolución de ANV "se debe proyectar no sólo sobre su actividad política general, sino también, evidentemente, sobre su actividad institucional, sin perjuicio de los derechos o el estatus singular de cada uno de sus electos".

   En el aspecto local, "la consecuencia de la sentencia cuya completa ejecución aquí se postula es el obligado pase de todos los concejales que hubieran sido elegidos en las litas del partido político disuelto ANV/EAE a la condición de concejales no adscritos, sin pertenecer a ningún grupo". Lo mismo ocurre en el caso de los miembros de ANV que conforman grupos en las Juntas Generales.