Soldados colombianos iban a hacer un montaje

Los militares colombianos que hace seis días mataron al esposo de la líder indígena Aída Quilcué tenían planeado hacer "un montaje" introduciendo dos fusiles en el vehículo que era conducido por la víctima para justificar su agresión, aseguraron hoy autoridades aborígenes regionales.

Las dos armas no tenían un "militar asignado" entre el grupo que disparó contra el automóvil, advirtió el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), departamento en el que se registró el incidente, que para la minoría étnica fue un atentado.

Las autoridades indígenas toman ese hecho "como un indicio de que se intentaba hacer un montaje posteriormente al atentado" en el que murió Edwin Legarda, sostuvo el CRIC en un comunicado divulgado en Popayán, la capital departamental del Cauca y sede del organismo aborigen.

Legarda murió el pasado día 16 tras recibir tres impactos de fusil en un paraje rural de la carretera que comunica a Inzá con Totoró, localidades de la misma región.

El indígena conducía un vehículo que el CRIC tenía asignado a Quilcué, consejera mayor del organismo y líder de una reciente movilización de miles de miembros de la minoría, que caminaron hasta Bogotá para exigir la restitución de tierras y el fin a la violencia contra sus comunidades.

En la nota, el CRIC explicó que Legarda "logró escapar gravemente herido del atentado, evitando así la realización de un montaje con los dos fusiles que, estando en posesión de los militares, no se supo explicar su pertenencia".

De hacerse completado el plan, hoy se "tendría en entredicho la civilidad de nuestra resistencia y la transparencia de nuestra organización", agregó la fuente, que insistió en que el ataque estaba dirigido contra Quilcué, que no viajaba en el vehículo por haberse retrasado.

El CRIC rechazó que Legarda hubiese desoído una orden militar de parada, como han sostenido el presidente colombiano, Álvaro Uribe, y las autoridades militares.

Antes del vehículo de Legarda, por la misma carretera pasaron otros con aborígenes que no fueron requeridos por el supuesto retén militar, precisó el Consejo Indígena, que insistió en que se trató de un atentado contra la Consejería Mayor del CRIC y, en particular, contra Quilcué.