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El Pacto Antitransfuguismo, diez años de incumplimientos

El Pacto Antitransfuguismo, diez años de incumplimientos

La moción de censura presentada el pasado día 22 por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento madrileño de Pinto contra la alcaldesa del PP, Miriam Rabanera, es el último exponente del fracaso del llamado Pacto Antitransfuguismo firmado en 1998 entre los dos grandes partidos precisamente para evitar que los gobiernos de las corporaciones locales quedaran al albur de aquellos ediles que repentinamente cambian de bando, muchas veces por turbios motivos, propiciando mociones de censura en contra del alcalde electo. Diez años después, y pese a que tanto el PP como el PSOE lo niegan, ha quedado demostrado que el acuerdo ha pasado a ser papel mojado.
Once votos a favor y diez en contra. Por un solo voto, el socialista Juan José Martín ha logrado en mitad de la legislatura cambiar el color político del Ayuntamiento de Pinto tras prosperar la moción de censura presentada contra la hasta ahora alcaldesa del PP, Miriam Rabanera, gracias a la alianza entre PSOE, IU y Juntos por Pinto (JpP) y el concejal independiente Reyes Maestre. El patético espectáculo vivido en este importante municipio madrileño, que se saldó con un agente de la Guardia Civil herido, insultos e intentos de agresión contra el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, es el último caso que se suma a la larga lista de incumplimientos del Pacto Antitransfuguismo.

Porque lo cierto es que en los diez años que han transcurrido desde la firma del acuerdo tanto el PP como el PSOE  han protagonizados decenas de episodios similares al de Pinto. Rara es la Comunidad Autónoma en la que alguno de sus ayuntamientos no se haya visto envuelto en oscuras maniobras para desbancar al alcalde electo. Incluso algunas de ellas han terminado en los tribunales. 

Según la enciclopedia Wikipedia, un tránsfuga es “un sujeto que pasa de una ideología o colectividad a otra”. En el argot político se dice de las personas  que han obtenido un puesto de elección popular con el apoyo a sus candidaturas por un determinado partido político, y una vez ganada la elección y durante el desempeño de sus funciones, deciden cambiar de ideología renunciando a la filiación del partido político que lo respaldo o inclusive afiliándose a otro.

Algunos de nuestros más insignes políticos accedieron al bastón de mando municipal gracias a este sistema de dudosa ética. Un claro ejemplo es el del ex presidente de la Generalidad Valenciana y ex portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, que en 1991 llegó a la alcaldía de Benidorm (Alicante) gracias al voto de una tránsfuga del PSPV-PSOE, Maruja Sánchez.



¿Quien olvida el ‘tamayazo’?

Pero, sin duda el caso más sonado y que acarreó un fuerte escándalo es el que protagonizaron en 2003 los diputados autonómicos madrileños del PSOE, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que se ausentaron de la votación en la investidura de Rafael Simancas, impidiendo con ello que se convirtiera en presidente de la Comunidad de Madrid. Su ‘espantá’ provocó la disolución anticipada de la Asamblea de Madrid y la repetición de las elecciones, lo que propició la victoria de la dirigente del PP, Esperanza Aguirre.

Años después de la firma, en vista de los reiterados incumplimientos del Pacto, ambos partidos decidieron revisar el acuerdo para añadir una cláusula por la que se establecía que los tránsfugas no podrían ser incluidos en listas electorales ni utilizados para mantener o cambiar mayorías. Además, los partidos quedaban obligados a expulsar a los tránsfugas de sus filas. Se acordó también la creación de una Comisión de Expertos independientes para el seguimiento del acuerdo y dictaminar cuándo y por quién era vulnerado.

Desde entonces, la denominada Mesa de Seguimiento del Pacto contra el transfuguismo, representada por los responsables de política municipales de los partidos políticos, y presidida por el ministro/a  de Administraciones Públicas de turno, ha ido reuniéndose cada seis meses  para juzgar las denuncias presentadas por los grupos municipales y  dictar sus sentencias. Una de sus decisiones fue estudiar la creación de la figura del “no adscrito”. La moción, que  fue respaldada por unanimidad por todos los partidos,  exigía “que pasen a la categoría de concejales no inscritos (no al Grupo Mixto) aquellos que no se incorporan inicialmente a los grupos instituciones de la formación política por la que han sido elegidos”. Sin embargo, dicha figura nunca ha llegado a tomar ‘cuerpo’.



Los casos más recientes

Este mismo año, la Comisión de Seguimiento del Pacto declaraba como casos claros de transfuguismo  los ocurridos en Pobra de Trives (Orense), Pobla de Farnalls (Valencia) y Torrelles de Foix (Barcelona), así como a los ediles que apoyaron las mociones de censura que motivaron el cambio de gobierno en estos municipios. Asimismo fueron enviados a la comisión de expertos el caso del ayuntamiento pontevedrés de Mos, el de Elche (Alicante) y el de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Bajo la lupa de la comisión de expertos están los casos de Bollullos par el Condado (Huelva), Elche (Alicante), Águilas (Murcia), Campdevanol (Girona), Mont-Ras (Girona), Aitona (Lleida), Piloña (Asturias), Chiclana de la Frontera (Cádiz) y Mos (Pontevedra).

 A la lista de casos recientes hay que añadir a los ediles que apoyaron las mociones de censura en Denia (Alicante), Puig (Valencia), Les Franqueses del Valles (Barcelona), Valdefresno (León), Cañizo (Zamora), Riudarenes (Gerona), Silla (Valencia), Briviesca (Burgos) y los municipios canarios de Valle de Gran Rey y San Sebastián de la Gomera.

Pero 2007 tampoco se quedó corto. En dicho año se decretaron casos de transfuguismo en Cangas de Narcea (Asturias); Chiclana (Cádiz) y Puerto de Santa María (Cádiz); Castril (Granada) y  Villalvilla (Madrid), un caso en su día muy sonado en donde el PP gobierna gracias al apoyo de dos ediles ex socialistas declarados tránsfugas.

En la localidad de Jabugo (Huelva) los dos partidos mayoritarios andan todavía a la greña, ya que a pesar de ser declarado como tránsfuga, el alcalde José Luis Ramos, continúa sin ser apartado de militancia del PSOE,  tal y como exige el Pacto.
 
Pese a que los datos cantan, tanto el PP como el PSOE han mantenido y mantienen que el porcentaje de casos de transfuguismo es “bajísimo” teniendo en cuenta que en todas España hay más de  8.000 corporaciones locales.
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