Perú debe US$ 19 millones en indemnizaciones

El viceministro de Justicia, Erasmo Reyna, reconoció en una entrevista difundida hoy por el diario Correo +estos pagos que Perú tiene pendientes de cumplir ante la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Reyna agregó que Perú tiene 400 demandas ante la CIDH y otras 23 ante la Corte Interamericana (CorteIDH), la mayoría de ellas presentadas por personas vinculadas con actividades terroristas.

Algunos reclamos los hicieron víctimas de esas actividades, mientras que otros los realizaron los propios autores de dichas acciones en casos de abusos de los derechos humanos.

Sin embargo, el viceministro añadió que la nación andina está pidiendo "una reconsideración" por esos pagos.

Entre los demandantes está Mónica Feria Tinta, abogada que defendió a las víctimas de la matanza del penal Miguel Castro Castro (1992) y que tiene un proceso abierto en la justicia peruana por colaboración con la banda armada Sendero Luminoso.

Feria Tinta ha pedido que el Estado peruano le abone 75.000 dólares por haber representado a las 42 víctimas de esa matanza, demanda que fue admitida por la Corte Interamericana.

El procurador en temas de antiterrorismo Julio Galindo declaró ayer a Correo que el Estado peruano no le pagará ese monto hasta que no "arregle sus cuentas con la justicia" local.

De la misma forma, el fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y la cúpula dirigente de esa agrupación maoísta han presentado una demanda ante la CIDH para pedir la anulación de su condena a cadena perpetua por terrorismo agravado y homicidio calificado.

Tras la captura y enjuiciamiento de las cúpulas de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) en 1992, el sistema judicial peruano tuvo que hacer modificaciones en muchos de los procesos y en las sentencias emitidas por terrorismo, por recomendación de la Corte Interamericana a partir de 2002.

De igual forma, el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que en 2003 investigó la violencia terrorista en Perú entre 1980 y 2000, permitió esclarecer muchos de los casos más emblemáticos de abusos a los derechos humanos y afirmó que la guerra interna dejó 69.000 muertos.