Según afirmó el Secretario General de JSM, Daniel Méndez, “Esperanza Aguirre ha dado un paso más en la privatización de servicios públicos esenciales, pero ha ido más lejos que nunca, porque introducir el ánimo de lucro en un asunto tan sensible como es la atención a las mujeres víctimas de una violación traspasa la línea roja de la inmoralidad”.
Méndez añadió que “esta decisión no beneficia a nadie más que a una empresa privada: es mala para las mujeres que deben ser atendidas, porque primarán más las perspectivas económicas de la empresa que la atención integral a las víctimas y es mala para la sociedad civil madrileña, porque se expulsa de los programas regionales a asociaciones sin ánimo de lucro con una trayectoria impecable en la atención a las mujeres en su mayoría jóvenes”.
Por todo ello, JSM exigió a la Comunidad de Madrid que “dé marcha atrás en este asunto” y establezca un modelo de gestión público para este servicio en permanente colaboración con las asociaciones de atención a las mujeres sin ánimo de lucro de más representativas de la región.
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