La operación contra Batasuna, contrarreloj de cara a las elecciones

La operación dirigida esta madrugada por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, contra la presunta nueva dirección de la ilegalizada Batasuna, tiene además efectos prácticos para tratar de impedir que la izquierda abertzale pueda concurrir a las próximas elecciones autonómicas vascas del 1 de marzo.

Prueba de ello es que, entre los detenidos, se encuentra la portavoz de la plataforma Democracia 3 Millones, D3M, Amparo Lasheras. Pero junto a Lasheras, ha sido arrestados otros destacados activistas de la izquierda abertzale, Arantza Urkaregi, José Ramón Etxebaria, Iñaki Olalde, Hodei Egaña o Aitor Bezares, entre otros, con años de militancia en las diferentes organizaciones y siglas que el denominado MNLV ha ido creando para estar presente en los diferentes ámbitos políticos, sociales y culturales vascos y, otras veces, para sortear las ilegalizaciones de sus candidaturas y listas electorales.

Ayer mismo, se confirmó que las Fuerzas de Seguridad ya habían entregado informes a la Fiscalía del Supremo sobre D3M y Askatasuna, que supuestamente permiten establecer "una vinculación histórica" entre estas organizaciones y la ilegalizada Batasuna.

En contraposición a lo que ocurrió en las anteriores elecciones municipales con las candidaturas de ANV, esta vez no hay dudas de que existe una nítida y manifiesta voluntad política para impedir que la izquierda abertzale pueda concurrir a las elecciones vascas y tenga representación directa o indirecta en el nuevo Parlamento vasco. 

Los plazos corren y apremia recoger y cotejar pruebas para que los jueces puedan pronunciarse e impedir, si cabe en derecho, que los herederos de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok o Batasuna puedan sentarse en la cámara vasca mientras ETA siga poniendo bombas o pegando tiros en la nuca contra quiénes no comparten sus postulados políticos y denuncian su proyecto totalitario.