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La Comunidad se enteró del informe "por la prensa"

miércoles 04 de febrero de 2009, 18:28h
El Gobierno regional, de quien dependen los centros de atención a menores con trastornos de conducta puestos en entredicho por el último informe del Defensor del Pueblo, se enteró de su contenido "por la prensa", según aseguraron a Madridiario fuentes de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
Así, estas mismas fuentes se mostraron sorprendidas por el hecho de que el Defensor del Pueblo no se hubiera puesto en contacto con la Consejería para trasladarle las "graves deficiencias" recogidas en el informe, muchas de ellas relativas al centro de Picón del Jarama. "Nos hemos enterado por la prensa, el Defensor del Pueblo nunca se puso en contacto con nosotros", manifestaron.

Además, añadieron que los datos que recoge el documento se basan "en una visita que hizo la institución al centro el pasado mes de octubre, durante la cual entrevistaron a tres chicos", y señalaron que "hay que tener en cuenta que estos menores son violentos y difíciles de controlar".

A pesar de eso, continuaron, el Defensor del Pueblo no se puso en contacto con la Consejería para denunciar esas irregularidades, y solo lo hizo con motivo del suicidio de un menor en Picón del Jarama, para pedir los resultados de la autopsia, que se encontraba en poder judicial. "Incluso la propia consejera se ha dirigido a Múgica para solicitarle formalmente el informe", concluyeron. El Defensor del Pueblo no quiso pronunciarse este miércoles al respecto y se remitió al momento en que presente formalmente el documento ante la Comisión Mixta del Congreso.

El Gobierno regional se puso a disposición de la institución para "trabajar conjuntamente de cara a mejorar el funcionamiento de los centros de menores". Sin embargo, a diferencia de otras autonomías como Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, Madrid no abrirá expediente a los centros señalados en el informe, ya que, indicaron estas fuentes, "ya existe una comisión de seguimiento que controla su funcionamiento de estos centros e incluso el IMMF trabaja conjuntamente con la Fiscalía para proteger los derechos de los menores que residen en ellos".

Por su parte, el Defensor del Menor, Arturo Canalda, no quiso pronunciarse sobre el contenido del informe.
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