Comunidad y Fiscalía refuerzan su coordinación en centros de menores

Se trata de un documento elaborado después de tres meses de trabajo entre ambas administraciones durante los cuales la Fiscalía ha visitado la residencia especializada de adaptación psicosocial de la región y ha mantenido diversas reuniones con técnicos de la consejería. Fruto de este trabajo es este marco de colaboración entre dos instituciones que establece una serie de actuaciones de obligado cumplimiento para este tipo de centros.

El fin último de estas medidas es establecer las máximas garantías en relación a las actuaciones llevadas a cabo con estos jóvenes y dar una respuesta acorde a los cambios que se han producido en los últimos años en las residencias a consecuencia de las nuevas características y necesidades que presentan los menores así como de la especialización que precisa el trabajo con los mismos.

La principal novedad del trabajo que se desarrollará a partir de ahora estribará en "maximizar la comunicación entre las residencias, la Administración regional, la Fiscalía y las familias de los menores en todos aquellos aspectos que tengan que ver con la protección del menor así como la convivencia de los centros", en palabras de la consejera.

Mediante el nuevo acuerdo, la Comunidad y la Fiscalía han establecido un sistema de actuación según el cual todas las medidas que se adopten con un menor habrán de ser comunicadas por escrito y de forma obligatoria al fiscal, independientemente de las inspecciones o visitas que éste quiera realizar a los recursos regionales. Así, a partir de la próxima semana  le serán siempre remitidos desde la Comisión de Tutela de la Comunidad de Madrid la decisión de ingresar a un joven en un centro de trastorno de conducta a lo que podrá oponerse si no lo considera oportuno. También se le transmitirá cualquier decisión que los responsables de los menores adopten para salvaguardar su integridad.