Llegada de Bush despierta toda clase de repercusiones

Bush llega a Montevideo en el marco de una gira regional que primero lo llevará a Brasil y, tras dejar Uruguay el domingo de madrugada, incluirá a Colombia, Guatemala y México. El mensaje que traería Bush sería el de la promoción del libre comercio como medida para combatir la pobreza, además de la financiación de programas sociales.

En el caso uruguayo, la expectativa se centra en lo que se pueda lograr por parte de los negociadores del gobierno en cuanto a la apertura de mercados. Carne, arándanos, software y textiles son los principales productos en los que se busca aumentar y facilitar el comercio con la principal potencia mundial.

Pero la visita ha despertado un sinnúmero de repercusiones. Este viernes, están convocadas dos marchas en oposición a la visita del presidente estadounidense. Una de ellas, la convocada por la central de trabajadores PIT-CNT, incluso cuenta con el apoyo de importantes sectores del gobierno como el Partido Comunista y el Movimiento de Participación Popular.

Esa manifestación se opone a la política “imperialista” de la superpotencia pero no a la posibilidad de ampliar el comercio con ese país.

La otra, convocada por sectores de izquierda radical que no participan del gobierno, incluso contará con la adhesión de movimientos argentinos como las Madres de Plaza de Mayo.

Un capítulo aparte merecen las manifestaciones que habrá en Buenos Aires, con el presidente venezolano Hugo Chávez a la cabeza. El mandatario caribeño emprenderá una verdadera contra-gira por la región, visitando la capital argentina y Bolivia.

La visita también tiene su correlato judicial. El miércoles, Gustavo Salles, un abogado militante de izquierda radical, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante un tribunal de lo contencioso administrativo. El profesional denuncia que el fuerte dispositivo de seguridad, que incluye aviones Galaxy, helicópteros y un portaaviones, no cuenta con la aprobación parlamentaria que reclama la Constitución. Según el gobierno, se trata de la custodia del presidente y por tanto no requiere de la autorización del Poder Legislativo.

Por otra parte, otros dos abogados presentaron un recurso de inconstitucionalidad, en este caso ante la Suprema Corte de Justicia, al entender que el tratado comercial firmado recientemente entre ambos países no fue autorizado y ratificado por el Parlamento. Los denunciantes son Helio Sarthou, ex legislador del Frente Amplio, y Ramiro Chimuri, dirigente de Asamblea Popular.

Según los abogados, el gobierno incumplió la Constitución al designar al secretario de la Presidencia de la República, el también abogado Gonzalo Fernández, para negociar con Estados Unidos el acuerdo alcanzado sin tener la aprobación del Parlamento.

Fernández encabezó el grupo negociador y fue el firmante en representación de Uruguay del Tratado Marco de Convenio e Inversiones (TIFA, por su sigla en inglés).

Por Estados Unidos el acuerdo fue suscrito por el representante adjunto de Comercio para las Américas, John Veroneau.