El hecho abrió una investigación que develó que el dinero era para una supuesta coima para el ex presidente de YPFB Santos Ramírez, quien había aprobado un contrato a favor de O’Connor y su empresa Catler-Uniservice.
De acuerdo con el informe policial, Lazo Contreras viajaba a Palos Blancos en Yungas a bordo de una vagoneta. Tenía una mano herida y se mostró ‘excesivamente nervioso’, lo que hizo sospechar a los policías y le pidieron la mochila que llevaba.
El ahora acusado no quiso entregarla y en el forcejeo quedaron al aire libre dos paquetes que hicieron sospechar del transporte de droga, lo que ocasionó su detención, pero luego de desenvolver los paquetes encontraron el dinero y al ser interrogado, Lazo dijo que se trataba de un ‘golpe’ que había dado esa noche.
Fue trasladado a La Paz y la detención fue comunicada en horas de la mañana a los fiscales, quienes lo interrogaron por más de seis horas y confirmaron que el dinero es parte del botín que le arrebataron a O'Connor.
Lazo es conocido como ‘el negro’ -presumiblemente por su color- y trabajó como garzón en los locales de El Caballito y Pa'gozá, de propiedad de los hermanos Córdova, sindicados de haber planificado el atraco.
Cuando requisaron las casas de Ramírez, los fiscales encontraron dos manuscritos que decían: "El 'Gordo' tiene la plata…", "el 'Negro' bajó las gradas…".
Según la abogada de la esposa de Ramírez, Teresa Montaño, esos manuscritos pertenecen a su clienta Giovanna Navia, que escribió lo que decía una vidente que fue contratada por la familia para ver hasta qué punto estaban implicados sus hermanos.
Con la recuperación de este dinero, la Policía logró hallar casi el 50% de lo robado. En poder de Rufino Rodríguez, alias ‘Rufo’, se encontró $us 88.000.
Por otro lado, la Fiscalía también determinó imputar al hermano de la víctima, Miguel O'Connor D’Arlach por los indicios que tienen sobre el pago de la supuesta coima.
Asimismo, la asesora de Ramírez, Esther Carmona, detenida preventivamente, será presentada para su cautelar.
En Sipsa anuncian juicio a Villegas
Mientras la Contraloría General de la República y el Ministerio de Transparencia confirmaron ayer que iniciarán una auditoría a la empresa YPFB Sipsa con el objetivo de esclarecer supuestas irregularidades en la conformación de la empresa de sociedad anónima y que ahondan las denuncias contra el ex presidente de la estatal Santos Ramírez; el aún gerente general de YPFB Sipsa, Rogelio Ashimine, aclaró que sigue al mando de esa compañía y anunció acciones legales en la Fiscalía contra el actual presidente de la petrolera, Carlos Villegas, por intervenir arbitrariamente sus instalaciones y violar el Código de Comercio.
Según las autoridades gubernamentales, los documentos de constitución revelan que el ex presidente Ramírez, a nombre de YPFB, adquirió el 25 de agosto del año pasado 218 acciones de la empresa Full Industry y que el 4 de septiembre la conformó como Sipsa, una sociedad anónima, es decir una compañía privada al margen de la estatal, y puso a su mando a sus principales hombres de confianza: Rogelio Ashimine como gerente, Misael Gemio, presidente, y María Esther Carmona, vicepresidenta.
Por su lado, Ashimine en una conferencia de prensa realizada ayer dijo que antes de juzgar a las personas, ellos deben demostrar la irregularidad. Ante esa situación, indicó que presentó una demanda contra Villegas, porque ordenó la intervención del edificio de Sipsa en el parque urbano. Sobre el retraso en la perforación del pozo Víbora, dijo que la obra tiene un avance de 99% y sólo falta materiales tubulares de la certificadora Continental y 600.000 litros de diésel para poner en marcha el equipo.
En la estatal petrolera señalaron que YPFB-Sipsa es contratista de YPFB-Andina para los servicios de perforación de dos pozos en el campo Víbora. El contrato por $us 4,3 millones fue firmado el 16 de diciembre de 2008, con la aquiescencia del directorio de YPFB-Andina, que lo integran cinco representantes estatales y dos de la socia privada, Repsol.
Situaciones
Indagan ganancias ilícitas
La Fiscalía de Distrito comenzó a investigar, por supuestas ganancias ilícitas, a siete ciudadanos que residen en Tarija, entre ellos Pablo Cossío Cortez, hermano del prefecto Mario Cossío, y Miguel O'Connor D'Arlach, hermano del gerente de Catler Uniservice, Jorge O'Connor, que fue atracado y asesinado tras lo cual le robaron $us 450.000.
Ese dinero era supuestamente el ‘diezmo’ que el extinto empresario tarijeño debía pagar a Santos Ramírez.
Otras acusaciones
Hasta marzo, el Gobierno espera firmar los acuerdos de entrega con las petroleras que operan en el país. El texto ya está concertado con los ejecutivos de las compañías en Bolivia, pero está en consulta en las casas matrices, dijo el asesor del Ministerio de Hidrocarburos, Manuel Morales.
Los ex presidentes de YPFB Guillermo Aruquipa y Santos Ramírez incumplieron los contratos de operación, a pesar de estar en vigencia hace casi dos años.
LLaman a testigos
La Fiscalía realizará, mañana, un desfile identificativo de los implicados en el asesinato del empresario tarijeño Jorge O'Connor D'Arlach para establecer si Rufino Rodríguez fue quien disparó contra él, toda vez que el identikit del asesino elaborado por la Policía, mediante la descripción de los testigos, no coincide con el supuesto autor de este crimen.
El objetivo es que los testigos de este caso y los imputados confirmen si todos participaron, se indicó en la Fiscalía.
Nueva denuncia en Potosí
Una nueva sombra de corrupción cubre a YPFB debido a la pérdida de Bs 100.000 que estaban destinados a pagar el anticipo a la empresa Inprocon para la construcción del muro perimetral de la nueva engarrafadora de Potosí, proyectada en la zona de Cala Cala.
El 9 de noviembre, el gerente nacional de Administración de YPFB, Marco Antonio Vega, sacó el mencionado monto de la regional de Potosí, según confirmó el agente regional Lionel Hinojosa.
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