Así tienen que trabajar los jueces de Madrid

El testimonio, entre preocupado e indignado, es el de Jacobo Vigil, desde 2007 juez Decano de los Juzgados de Móstoles, los más importantes después de los de Madrid capital. Admitiendo que su huelga -histórica y cuestionada porque nunca antes un poder del Estado había recurrido a ella- es "muy impopular", él mismo y otros jueces de la zona sur de la Comunidad han abierto a Madridiario sus juzgados para mostrar en qué condiciones se ven obligados a administrar Justicia.

A primera vista, los juzgados de los grandes municipios de la Comunidad no tienen problemas. Edificios de reciente construcción, espacios amplios y materiales aparentemente nobles reciben al visitante. El "truco", advierten, está cuando se pasa a las dependencias de jueces y funcionarios: montañas de legajos apilados en cualquier rincón, centenares de sentencias ejecutorias pendientes como la del 'caso Mariluz', expedientes acumulados en fila sin salida, archivadores repletos y funcionarios completamente desbordados. Para almacenar vale todo, sean mesas, sillas, estanterías o apoyados en el suelo hasta la mitad de la pared. "Rafael Tirado tenía 600 ejecutorias acumuladas (sentencias firmes pendientes de cumplir) cuando ocurrió lo de Mariluz. Yo en mi juzgado tengo 1.800. He llegado a venir un sábado cuando ha ocurrido algún crimen para saber si era de los míos", admite el juez Decano de Móstoles, que supervisa cinco juzgados de Primera Instancia, cinco de Instrucción y uno de Violencia de Género en la localidad.

Unos tanto y otros tan poco
La situación se repite en un número alarmante de juzgados españoles y madrileños ["en Plaza de Castilla están igual o peor"], pero la disfunción es tal que, por ejemplo, el juzgado contiguo al de Vigil, siendo de violencia doméstica, apenas tiene actividad. Su titular Guillermo Marcos, admite ser un privilegiado ya que su departamento funciona sólo desde hace dos meses y trata "uno o dos asuntos al día". Ahora bien, destaca otro hecho aún más alarmante: "Jacobo puede tener a una persona en busca y captura por un crimen y yo, que estoy al lado, hacer la misma petición por violencia doméstica sin saberlo". Su compañero le corrobora y denuncia que "si yo impongo a un acusado que vaya a firmar cada quince días a un juzgado para que esté localizado, puede hacerlo aquí o en Sevilla, pero ese papel se archiva y no tengo conocimiento de que ha cumplido".

La falta de medios personales y técnicos llega hasta extremos como que el Gobierno regional negó al Juzgado de Violencia de Género de Móstoles un ordenador portátil "porque no hay presupuesto por la crisis", según su titular. "Tengo que tomar a mano las notas en la sala de vistas y luego pasarlas al ordenador, con la consiguiente pérdida de tiempo", aclara. Su Decano denuncia además que "la Comunidad de Madrid, por escrito, me ha admitido que no puede controlar el horario de sus funcionarios, así que cómo justifico yo que necesito más gente si ni si quiera puedo acreditar que los que hay cumplen o no abandonan cuando quieren sus puestos, porque no fichan". Admite que estos casos no son en ningún caso generales, pero existen.

Dando un salto hasta la vecina Fuenlabrada, las quejas de los jueces se repiten y se incrementan. El Decano, Adolfo Carretero,  recibe a Madridiario en pleno cumplimiento de los servicios mínimos de la huelga. "Mirad, si no firmo la salida de este señor del calabozo se queda aquí hasta mañana, y él no tiene la culpa", relata mientras el detenido, aún esposado, hace un amago de sonrisa. Carretero es firme y vehemente en sus reclamaciones: "La situación es insostenible, y si hay sanciones (del Consejo General de Poder Judicial a los huelguistas) esto va a romper". Carretero reparte a partes iguales las culpas entre el Ministerio de Justicia, competente en la creación de más plazas de jueces, y la Comunidad de Madrid, responsable de proporcionarles medios materiales y humanos. "Tengo 6.000 diligencias previas y un único médico forense desbordado. Hacen falta profesionales cualificados y quitar burocracia a los jueces porque los secretarios judiciales están perfectamente cualificados para asumir una parte, siempre que tengan medios", reclama el magistrado.

Funcionarios sin formación
Para acabar con la saturación que atenaza a la Justicia, el Decano de Fuenlabrada advierte que no hay recetas mágicas, aunque la implantación de la Oficina Judicial, que se retrasa desde 2003, es una parte de la solución. Otra, insiste especialmente, es destinar "mas dinero" para plazas de jueces y dotar a estos de "funcionarios competentes". "El 90% de los funcionarios que llegan tienen mucha voluntad y trabajan muy bien, pero no están formados en Derecho. Otros no saben lo que es una denuncia, una querella o un juicio. Tardamos meses en formarles y revisamos al dedillo lo que hacen. Eso no es una ayuda, es un lastre", apoya Jacobo Vigil. Su sueldo, aclaran, no es la materia fundamental de la huelga. Cobran sobre los 3.500 euros al mes pero a cambio ostentan toda la responsabilidad, "incluso la de nuestros trabajadores si ellos no cumplen". Por último, apunta Carretero, la excesiva judicialización de los asuntos lleva incluso a que se trate en instancias superiores temas como simples juicios por insultos, lo que eleva el colapso.

Los jueces saben que la reivindicación de este miércoles, el primer paro de la Historia, ha sido solo "simbólico a pesar de su gran repercusión", pero esperan que sirva para abrir los ojos a los ciudadanos sobre su situación: "Cuando contamos cómo tenemos que trabajar o traémos a alguien a verlo, enseguida nos entiende". Sobre los asuntos que han quedado aplazados, admiten que "lo que no hagamos hoy, lo tendremos que hacer mañana".