Un juez ha admitido a trámite una segunda querella criminal, en esta ocasión por prevaricación administrativa, contra Pedro Castro, alcalde de Getafe y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, por presuntas irregularidades en un sorteo de viviendas de protección oficial.
Según recoge este viernes el diario El Mundo, esta segunda querella contra Castro viene provocada por un sorteo de viviendas de protección oficial supuestamente irregular relacionado con PSG, la cooperativa también incursa en proceso judicial por presunto fraude. La querella ha sido admitida a trámite en el juzgado de Instrucción número 4 de Getafe.
El número 1 instruye otra querella contra Castro por presuntamente favorecer a empresarios afines al PSOE en unapermita para el campo de golf de Perales del Río.
En cuanto a la segunda querella, como informa El Mundo, Castro y su concejal de Vivienda, Ignacio Sánchez Coy, habrían incumplido en 2007 un acuerdo con 600 cooperativistas de PSG, a quienes habrían solicitado no optar a un sorteo municipal de vivienda a cambio de otras viviendas públicas. A pesar del acuerdo supuestamente refrendado por Sánchez y Castro, los cooperativistas fueron incluidos, contra su voluntad, posteriormente en el sorteo, que además denuncian como irregular respecto a sus propias bases.
Según los querellantes, se produjeron varias coincidencias prácticamente imposibles en la realización de la rifa. Por ejemplo y como informa el diario, tres hermanos, que comparecían en la lista, fueron agraciados en dos ocasiones, lo cual, en una lista de 18.484 personas y que además aparezcan en la lista de forma consecutiva es muy improvable. También aseguran los querellantes, que un mes antes del sorteo, celebrado el 17 de junio de 2007, el Ayuntamiento se dirigió al representante de las cooperativas PSG, Rafael García, para pedirle una relación de socios al corriente de pago que quisieran excluirse del sorteo, en el que ya estaban apuntados, argumentando que iban a recibir una vivienda de protección oficial.
García, según recoge El Mundo, envía el escrito al Ayuntamiento, con una relación de los socios a excluir, un total de 600.En la misma mañana del sorteo, los querellantes tienen conocimiento de que el Sánchez Coy, habría incluido sus nombres en el sorteo, invalidándoles para conseguir vivienda en las cooperativas. Esto sería, según los demandantes, el objeto del presunto fraude: conseguir que las cooperativas no salieran adelante, para favorecer a "otros constructores" de Getafe.
Desde el Ayuntamiento de la localidad se explicó este jueves que aún no le ha sido comunicada su admisión a trámite, que en puridad Castro no está imputado y que remitió al juez, el pasado mes de julio, la información que éste les ha requerido.