Cristina Serrano realizó estas declaraciones en relación a las alegaciones del Ministerio de Medio Ambiente, a través de la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Mediterráneo (Acuamed), al expediente abierto por la Generalitat contra la desaladora de Torrevieja.
En este sentido, aseguró que las medidas cautelares adoptadas por el Consell "son impecables" desde un punto de vista jurídico y "se fundamentan en las competencias que la Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana otorga a la Generalitat".
Del mismo modo, añadió que "resulta indignante la manera en que el Ministerio de Medio Ambiente está buscando subterfugios y tretas jurídicas para invadir las competencias de la Administración Autonómica".
Además, continuó, "Medio Ambiente pretende obviar a través de trampas y rodeos legales", el artículo 48 de la Ley de Espacios Naturales Protegidos, que dice que la gestión y la conservación de los parques naturales de la Comunitat Valenciana "corresponde a la administración del Consell de la Generalitat".
Serrano subrayó que el Ministerio "no sólo ha iniciado de manera ilegal las obras de la desaladora, por no contar con la autorización con la Conselleria de Territorio y Vivienda, sino que también infringe lo dispuesto en el Artículo 13 del Decreto 60/2003, que regula la protección de los humedales del sur de Alicante y que están tipificadas como infracción en el Artículo 52.2 de la Ley 11/1994 de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana".
De este modo, la secretaria autonómica indicó que las medidas cautelares, que, según dijo "critica el Ministerio", han sido adoptadas por la Conselleria de Territorio y Vivienda dentro del Procedimiento Sancionador establecido en el Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto.
Así, "afirmar, como hace el ministerio", que las medidas cautelares se adoptan dentro del Acuerdo del Consell de 21 de noviembre de 2003, de Medidas Cautelares previstas durante la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante, con el único fin de acogerse a los plazos de caducidad, "es buscar subterfugios jurídicos para no respetar las competencias de la Administración autonómica", apuntó Serrano.
Por ello, reiteró que las medidas cautelares y la paralización de las obras, ordenada por la Conselleria de Territorio, "se justifica en el principio regulado en el Derecho Administrativo Sancionador de que para evitar daños irreparables, sobre todo en un espacio de notable valor ambiental como el Parque Natural de La Mata-Torrevieja, la Administración puede tomar medidas de carácter provisional y preventivo, que eviten situaciones irreversibles en espacios protegidos".
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