Complicada situación en la estatal petrolera YPFB

Luego de rendir un informe de dos días en el Parlamento, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, dijo que la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados delegó a Morales comprometer a las empresas, de manera escrita, a firmar un nuevo contrato que mantenga las características de la copia legalizada que fue aprobada por el Congreso, y que fue destruido por YPFB, porque inicialmente no tenía valor. En principio, Morales Olivera aseguró que el convenio referido al megacampo San Antonio (Sábalo), suscrito entre YPFB y Petrobras el 28 de octubre de 2006, fue descartado a pedido de esta última porque su anexo “D”, referido al procedimiento contable y financiero, tenía condiciones “duras” para la operadora.  Por ese motivo, lo descartó y suscribió un nuevo adjunto “D 2”, que tenía condiciones más “flexibles” para la empresa, entre ellas, que podía descargar como costo recuperable cualquier tipo de gastos que realice y no sólo del sector petrolero. El ejecutivo en la empresa aseguró al Parlamento que el Anexo “D 2” era el que valía, por lo que se destruyó el “D1”. Sin embargo, dijo que por equivocación de las direcciones Legal y de Comunicación de YPFB se envió al Parlamento la copia legalizada del que fue descartado. Y sin saberlo, los parlamentarios la aprobaron como válida. Como ese documento tiene ese aval, ayer Morales Olivera salió del paso y dijo otra versión: que el Anexo “D1” “es el que vale” y que las empresas operadoras del campo San Antonio, con quienes, aseguró, se comunicó, lo aceptarán.  El ejecutivo de Yacimientos explicó su cambio de actitud en el hecho de que el documento aprobado es “más beneficioso para el país”.