Galicia, bien vale una querella

    Que las campañas electorales distorsionan el curso de la  política es algo sabido y comprobado sin excepciones, incluso cuando se producen en tiempos de sosiego o de máxima turbulencia. También es de libro que la previsión de unos resultados electorales igualados  amplía y endurece los recursos dialécticos de las fuerzas políticas en liza, lo que les lleva a usar y abusar de medios nada ortodoxos, a exagerar, a mentir más o menos descaradamente, a machacar al contrario, a exaltar lo propio, a revolver la hemerotecas y los archivos de audio y video. Parece que todo vale para arañar algunos votos, aunque a veces resulte repugnante de los más laxos principios éticos.

    Pero lo que está sucediendo estos días, superpuesto a las campañas electorales de  Galicia y el País Vasco, ya de por sí broncas y duras, solo tiene antecedentes en los meses previos a las legislativas de Marzo 1996, precedidas de un prolongado acoso  contra el gobierno de Felipe González, pero también contra las propias instituciones como los servicios de inteligencia, la Fiscalía o el Consejo General del Poder Judicial. Es cierto y fue probado que había focos de corrupción económica y política, que fueron depurados por los tribunales, entonces justos e incorruptibles. El juez Garzón era el juez  valiente e imparcial, como lo calificaron tanto Alvarez Cascos como Federico Trillo, que instruyó muchos de aquellos procesos que influyeron decisivamente en el resultado electoral.

    Ahora Garzón, que investiga una trama de corrupción bastante amplia que afecta a personas relevantes del partido popular, se ha convertido en la diana de todos los ataques de la formación conservadora una vez dimitido en buena hora el ministro Fernández Bermejo,  hasta el punto de enfrentarse a una querella criminal por prevaricación y a la sorprendente denuncia de uno de los aforados que supuestamente están implicados en el asunto, Luis Bárcenas, que pretende que el Consejo General del Poder Judicial  abra expediente disciplinario al magistrado Baltasar Garzón.

    Querella y denuncias van a tener previsiblemente el mismo resultado, porque aunque al existir personas implicadas aforadas debe inhibirse el juzgador, también la ley establece la obligación de practicar aquellas diligencias que conduzcan a la comprobación del delito. Pero en el partido popular saben bien que con el ataque a Garzón queman el último cartucho para desviar la atención, ya no tanto del  enredo del espionaje madrileño que tiene sus consecuencias en un orden interno, sino de la red de corrupción cuyo alcance todavía se desconoce y que se une a otros asuntos aún no despejados a propósito del urbanismo.

    No cabe duda que la operación, con amplio despliegue mediático, va a erosionar  más al poder judicial ya muy desacreditado, injustamente, por algunos casos de errores o negligencias. Y esto es muy grave cuando es el garante de los derechos y libertades y del Estado de Derecho. Pero no parece importar mucho a los dirigentes del partido popular, que necesitan desesperadamente recuperar el poder en Galicia. Quizá lo consigan, pero el precio no es la cabeza de Garzón, que además la seguirá manteniendo, sino acrecentar las dudas sobre la independencia e imparcialidad  que salvo excepciones contadas ejercen los jueces.