Más irregularidades en YPFB

El documento contractual publicado por HidrocarburosBolivia.com establece la tarifa C "de stand by con personal en locación" bajo el concepto "se pagará (...) por cada día o fracción que permanezca el equipo y su personal en locación y en condiciones de reanudar tareas, en espera de órdenes, materiales, trabajos de otras contratistas, que no sean de su responsabilidad".

El contrato establece en su cláusula undécima que mientras se eleve a instrumento público, éste tendrá validez como documento privado "con todos los efectos legales con el sólo reconocimiento de sus firmas y rúbricas".

Los firmantes son Mario Arenas Aguado, como representante legal de YPFB-Andina, y Rogelio Ashimine Oshiro, por YPFB-SIPSA. Su duración es de seis meses.

El equipo de perforación fue traído desde Venezuela por Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) como parte del acuerdo binacional de cooperación energética, y fue entregado a YPFB a cambio de un alquiler de $us 12.500 diarios.

Sin embargo, la petrolera estatal cedió la administración de la maquinaria a YPFB-Sipsa mediante una adenda, según se señala en la minuta de reunión entre representantes de Pdvsa Servicios-YPFB y YPFB-Sipsa del 14 de noviembre de 2008.

La firma administradora fue intervenida el 31 de enero, por la nueva administración de Yacimientos petrolíferos Fiscales Bolivianos bajo la presidencia de Carlos Villegas.

El 12 de febrero, la autoridad instruyó al entonces Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (hoy Ministerio) una auditoría técnico-legal a YPFB-Sipsa.

Una semana después, este Ministerio informó de que existe un posible daño económico de $us 30 a 60 millones por el alquiler de este equipo a Pdvsa. Además confirmó que hay reportes de que el equipo estaría en operación. En una visita a la zona, se constató que el taladro no inició la perforación en el campo petrolero.

El viernes pasado, el ministro de Hidrocarburos, Óscar Coca, afirmó que el único que puede decidir si YPFB-Sipsa continúa operando será el directorio de YPFB.

El contrato además establece otras ocho tarifas: la primera ‘A’ por $us 26 mil diarios que si el equipo empieza a operar con uso de barras de sondeo que proporcionará la firma contratista.

Fuentes del sector afirmaron que el arriendo de un taladro completo de este tipo depende de las características del proyecto para el que se lo requiere. Se debe tomar en cuenta el tipo de pozo, si pertenece a un campo con alta capacidad productiva o la profundidad que se quiere alcanzar en la perforación y el tiempo que necesitará ejecutar este proyecto.

Se descubren más anormalidades
La aprobación del financiamiento de $us 90 millones para la construcción de la planta separadora de líquidos, encargada al consorcio Catler- Uniservice, se hizo con la presentación de un simple perfil del proyecto del ex presidente de YPFB Santos Ramírez.

Así lo reveló ayer el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Javier Fernández, que desde esa cartera de Estado debe buscar en el exterior el 50% restante para la obra porque el fideicomiso aprobado por el Gobierno sólo es de $us 45 millones.

Para obtener estos recursos, la autoridad recordó que se ha solicitado a la estatal petrolera que se le adjunte el proyecto. "Lo que nos han entregado (los ejecutivos de YPFB) es un resumen, no conocemos el proyecto en su integridad, por lo que estamos solicitando nuevamente que nos adjunten el documento global, de tal manera que nosotros, con un documento concluido, es decir completo, podríamos hacer las gestiones correspondientes".

Agregó que en su momento se solicitó esa información a Ramírez porque es la única forma en la que los financiadores podrán evaluar la canalización de los recursos.

"No podemos acercarnos a los financiadores porque nos van a decir que les entreguemos el proyecto global". Por otro lado, un grupo de dirigentes del MAS tiene dudas sobre la transparencia del ministro de Economía, Luis Arce, en la creación de los llamados fideicomisos petroleros, que se crearon a favor de  YPFB.

El senador Lino Villca se animó a expresar las dudas que existirían en el partido, al hacer notar su incomodidad por el pasado del ministro Arce y las presuntas vinculaciones familiares de esta autoridad con el banco Unión, entidad que administró los recursos del fideicomiso de YPFB.

En la jornada    

- Dimisión. Los senadores del MAS pidieron de manera ‘respetuosa’ al ex titular de YPFB, Santos Ramírez, alejarse del partido.

- Nexos. La Fiscalía habría hallado nexos de ‘sociedad comercial y de trabajo’ entre el detenido Franz Michael Rodríguez, con Javier Navia Doria Medina, Gonzalo Aramayo Doria Medina (cuñados de Santos Ramírez) y los hermanos Córdova.

- Sueldo. El presunto infiltrado de la CIA, Abraham Rodrigo Carrasco, recibía un sueldo de Bs 208 mil; es decir, ganaba casi 14 veces más que el Presidente de la República y tiene un patrimonio de Bs 2.080.000.

- Enemigo. En medio del escándalo de corrupción en YPFB, el presidente, Evo Morales, dijo anoche que la corrupción es ‘el peor enemigo’ de Bolivia, incluso más que el neoliberalismo.

Fiscalía no sabía sobre traslado de  un acusado
Ni la Fiscalía de Homicidios ni Jorge Gutiérrez, abogado defensor de Rufino Rodríguez Coca, sabían que el viernes, el acusado de ser autor material del asesinato de Jorge O'Connor D'Arlach sería trasladado al penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba.
Sin embargo, una orden de las magistradas Nuria González y Carolina Almaraz, del Tribunal Segundo de Sentencia de Cochabamba, ordenó que ‘Rufo’ sea llevado a la capital cochabambina para ser procesado por el atraco a una remesa de la cervecería Taquiña el 19 de sepiembre de 2006.

Ese Juzgado revocó la libertad condicional que había concedido al reo, porque violó las condiciones bajo las cuales había quedado fuera del penal de El Abra. Como consecuencia de ello, Rodríguez fue otra vez internado en el recinto carcelario de máxima seguridad de Cochabamba.

Sin embargo, el fiscal de Homicidios de La Paz, Luis Mamani, exteriorizó su extrañeza por el asunto, aunque "esperamos que el director de Régimen Penitenciario rinda el informe sobre el tema. En caso de ser ilegal el traslado, nosotros interpondremos los recursos que nos franquea la ley para lograr su retorno al panóptico de San Pedro.

Mamani aseguró que Rodríguez será nuevamente conducido a La Paz cuando sea necesario, pues hay muchos actos pendientes dentro de la investigación por el asesinato.